Es función de las áreas de seguridad impedir usurpaciones y otros delitos

No puede menos que calificarse como llamativa la interpretación formulada por la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, en el sentido de que el fenómeno de las tomas de tierras que se vienen registrando en nuestro país “no son un tema de seguridad”, sino que ocurren a partir de un “de déficit habitacional”.

Como se sabe, tales expresiones fueron formuladas en el contexto de una polémica que se desató en las últimas jornadas con intendentes de la oposición, de La Plata y del Gran Buenos Aires, que vienen denunciando la escalada de esta conflictividad desde el inicio de la cuarentena.

La funcionaria había sido consultada a partir de la usurpación de tierras en la localidad rionegrina de Villa Mascardi y sobre el punto añadió que “éste es un momento de presión y conflictividad que se traduce en toma de tierras, particularmente en el sur (del país) y en el Gran Buenos Aires”, para añadir que “no es un tema de Seguridad, sino de déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras que evidentemente hay que paliarlo con soluciones que se anticipen al problema”.

Siguiendo el hilo discursivo de la titular de Seguridad, podría también señalarse que además del déficit habitacional que sufre nuestro país desde hace muchas décadas, también existen incrementadas en la actualidad, por las razones de público conocimiento, las necesidades de alimentación para una franja de la población y no por eso debiera permitirse el asalto a los almacenes, carnicerías o verdulerías.

También, siguiendo ese razonamiento, en estos meses en que se encuentra restringido el uso del transporte público, mucha gente que no tiene automóvil propio podría entonces salir a tomar prestado o realizar el llamado hurto de uso, que, sin embargo, está previsto como delito en el Código Penal argentino y entonces el problema pasa a ser netamente policial. Es decir, correspondiente al área de seguridad.

Las leyes penales argentinas tipifican el delito de usurpación y reprimen al que con violencia, amenazas, engaños, abuso de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes. También castiga a quien destruya los límites de una propiedad o que turbe la posesión del inmueble.

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Lo que se está viviendo en torno a este problema es una grave sucesión de incidentes, con uso de armas y heridos, con incendios y otros desórdenes, en los que distintos vecindarios se encuentran virtualmente desprotegidos en muchos casos. También se ha podido ir comprobando la presencia de mafias que, aprovechándose de las necesidades de vivienda de la gente, vienen montando un pingüe negocio de venta de lotes con tierras que no les pertenecen. La justicia provincial tiene también inocultable responsabilidad en esa situación, basta solo recordar una acordada de la Corte más preocupada por exhibir lo que se denomina “sensibilidad social” que por hacer cumplir las leyes.

Se ha dicho ya, muchas veces, que el problema habitacional de fondo debe ser encarado y resuelto por el Estado a través de planes crediticios y de vivienda viables para la población y racionales en su diseño y ejecución; que no se proyecten sobre tierras bajas y que cuenten con la diversidad de servicios que hagan falta para garantizar la calidad de vida de quienes los habiten.

Es cierto, como dijo la funcionaria, que el Estado debe anticiparse al problema. Esa es la verdadera solución a la que se debe apuntar y no a izar banderas verdes para el vale todo, para tomas ilegítimas, para el despojo y la alternativa de que surjan innumerables asentamientos carentes de agua, luz, cloacas, gas y otras mejoras, deficientemente resueltas mediante conexiones clandestinas. La función de las áreas institucionales de Seguridad, como su nombre lo indica, les exige actuar de inmediato, para impedir estos desmanes que, de no ser evitados, podrían ir agravándose en sus consecuencias.