Bolsonaro ahora va por la reforma administrativa

Columnista de la agencia EFE

El presidente Jair Bolsonaro anunció que su Gobierno presentará al Congreso su ambiciosa reforma administrativa, en un claro mensaje a un mercado que viene registrando turbulencias por sus temores al descontrol de las cuentas públicas en Brasil. El anuncio coincidió con la divulgación de que la economía de Brasil volvió a entrar en recesión tras una caída récord de su PBI del 9,7 por ciento en el segundo trimestre de este año frente a los 3 meses anteriores. Y se produjo un día después de que el Banco Central anunciara que, como consecuencia igualmente de las medidas adoptadas para hacer frente a la epidemia del coronavirus, el déficit en las cuentas públicas fue récord en los siete primeros meses del año y que la deuda pública igualmente llegó a niveles históricos.

El mensaje del jefe de Estado de que seguirá con su agenda de reformas y de que está comprometido con el control de las cuentas públicas permitió que, en un día de malas noticias económicas, la bolsa de Sao Paulo operaba a media jornada con una importante subida del 2,5 por ciento y que el dólar se depreciara casi un 2,3 por ciento frente al real.

La administrativa, junto con la ya aprobada nueva ley de las jubilaciones y una aún no presentada iniciativa tributaria, son las tres grandes reformas prometidas por Bolsonaro al asumir su mandato en enero de 2019, cuando dejó claro que impulsaría una política económica de corte liberal destinada a reducir el tamaño del Estado.

Pero tras la difícil aprobación de la reforma a las jubilaciones, el Gobierno engavetó las otras dos a la espera de un momento político más propicio para presentarlas al Congreso, que al parecer se produjo en momentos en que Brasil vuelve a entrar en recesión y el mercado exige compromisos con el ajuste fiscal.

Para evitar un temido y probable rechazo a la reforma por parte de parlamentarios e influyentes sindicatos, Bolsonaro aclaró que su propuesta no afecta derechos ya adquiridos y que sólo afectará a los funcionarios públicos que sean contratados tras su aprobación.

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GASTOS Y SERVICIO PÚBLICO

El ministro de Economía, Paulo Guedes, que se pronunció después de Bolsonaro, destacó la “importancia” de la reforma que altera las reglas para contratación, remuneración y ascensos de empleados públicos y elimina privilegios, por cambiar la “trayectoria de los gastos futuros del Gobierno” y promover un servicio público de calidad, contratado por concurso y remunerado por meritocracia.

El ministro agregó que, al retomar las reformas, el Gobierno da una señal importante de que la “clase política brasileña está pensando en el futuro del país”.

El gran número de empleados públicos y sus elevados salarios y privilegios obligan al Gobierno a concentrar la mayor parte de su presupuesto anual en la nómina y reducen el margen de maniobra para inversiones y elevar gastos sociales.

De acuerdo con los últimos datos oficiales, el número de funcionarios en Brasil más que dobló en tres décadas, desde 5,1 millones en 1986 hasta 11,4 millones en 2017.

Según un estudio del Gobierno, mientras que el número de empleados públicos creció un 125 por ciento en los últimos 30 años, el de trabajadores en el sector privado creció un 96 por ciento; y mientras que el salario promedio de los funcionarios saltó un 23,5 por ciento en el período analizado, el de los empleados privados casi no varió.

Otro estudio, del Banco Mundial, mostró que el salario de un funcionario en Brasil es casi el doble al de un profesional con cargo semejante en la iniciativa privada de la misma área.

Para el organismo multilateral, los reajustes salariales por encima de la inflación que el Estado concede a sus funcionarios, aun en períodos de recesión y caída de recaudación, son la principal causa para el aumento del valor de la nómina en los últimos años.

El temor de que Bolsonaro eleve los gastos públicos en medio de la pandemia y que sea obligado a violar la ley del techo de gastos, que limita el aumento de los mismos a la variación de la inflación del año anterior, ha provocado turbulencias en el mercado financiero brasileño desde hace varias semanas.

Como consecuencia de las medidas para enfrentar la pandemia, especialmente los subsidios para informales y desempleados y ayudas a las empresas, el déficit fiscal nominal de Brasil alcanzó el equivalente al récord 16,30 por ciento del PBI entre enero y julio de este año, frente al 5,91 por ciento que registró en el mismo periodo de 2019.

Además, la deuda pública de Brasil saltó desde el equivalente al 75,8 por ciento del PIB en diciembre de 2019 hasta el 86,5 por ciento en julio y, según el Banco Central, puede llegar al 100 % al final de 2020.