La Justicia define los casos de los jueces desplazados

Cuenta regresiva para el “acuerdo extraordinario” de mañana en la Corte Suprema de Justicia que convocó su presidente Carlos Rosenkrantz, que siguen con atención, el oficialismo y la oposición, además de otros sectores de la Justicia como la sociedad, que se viene manifestando contra la reforma judicial y desplazamiento de Comodoro Py de tres jueces. Ayer la protesta fue frente a la casa rafaelina del juez Ricardo Lorenzetti (ver recuadro).

El encuentro, es a propósito de tratar los recursos presentados por los magistrados con traslados revocados por el Senado, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, quienes tienen causas de investigación por corrupción de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La máxima autoridad judicial del país, designado en 2015 por el expresidente Mauricio Macri, invocó el artículo 71 del reglamento de la Justicia Nacional, que reserva al titular del cuerpo la potestad de convocar a “acuerdos extraordinarios” cuando lo considere necesario.

Rosenkrantz comunicó su decisión al resto de los ministros en una tensa reunión virtual que celebró junto a sus pares el último martes e inmediatamente después la oficializó vía correo electrónico al tiempo que hacía declaraciones públicas anunciando la convocatoria.

“La Corte tiene la responsabilidad, en casos como éste, de dar certidumbre a la ciudadanía sobre el trámite que se impondrá a los planteos de los jueces involucrados”, dijo Rosenkrantz y añadió: “Como dije antes, la Corte tiene la autoridad final cuando está en juego la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado”.

El titular de la Corte se remitió a sus propias declaraciones al diario La Nación del 11 de septiembre cuando señaló que “los planteos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli son planteos de naturaleza muy excepcional que, por esta y otra razones, requieren ser analizados con muchísimo detenimiento”.

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Algunos de sus pares habrían optado por demorar la situación de los jueces, ya desplazados por el Senado y con la promulgación oficial del Ejecutivo apenas 24 horas después. Ese que aún debe expedirse la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sobre el amparo presentado por los jueces. ¿Podrá ocurrir hoy?

Específicamente la Corte debe analizar este martes los pedidos de los magistrados para que se les conceda el “salto por instancia” o “per saltum”, que implica la intervención directa del máximo tribunal en la cuestión de fondo, esto es, si sus traslados se ajustan o no al trámite de designación previsto en la Constitución.

En la discusión terció el presidente Alberto Fernández, cuando en declaraciones radiales se preguntó retóricamente: “¿Qué es lo que está buscando el presidente de la Corte? Me lo pregunto porque cualquiera que haya estudiado Derecho sabe que esto es un escándalo jurídico”.

“Lo único que estamos haciendo nosotros es establecer un orden perdido en el gobierno anterior”, sentenció el mandatario y precisó que “lo que hizo Cambiemos con la designación de jueces fue escandaloso. Los que se quejan son los que siempre han manipulado a los jueces y ahora ven que no van a poder hacerlo”.

El Presidente se refirió así al informe sobre traslados de jueces presentado a fines de julio por el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, cercano al kirchnerismo.

En marzo de 2018, Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados del Tribunal Oral Federal 4 de la Ciudad de Buenos Aires -primera instancia-, a la Sala I de la Cámara Criminal Federal -segunda instancia-, mientras que Castelli pasó del Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral Federal 7 de la Ciudad de Buenos Aires.

La Corte entonces deberá evaluar este martes si los argumentos de los tres magistrados para pedir la intervención tienen entidad, si se está ante una vulneración de la estabilidad de los jueces y si, como sostienen y denuncian, existe un “plan de impunidad” detrás de la medida tomada por el Consejo de la Magistratura y el Senado.

Denuncian un “plan de impunidad” detrás de la medida de la Magistratura y el Senado