Proyectos por usurpaciones: herramientas a jueces y prohibir altas de servicios en inmuebles ocupados

Juntos por el Cambio presentó esta semana una serie de proyectos vinculados a evitar la usurpación de terrenos privados en todo el país, pero con foco en la Provincia de Buenos Aires. Tanto en el Senado bonaerense como en el Congreso de la Nación, avanzan iniciativas en ese sentido. 

Concretamente, en Provincia, se presentó un proyecto de ley cuyo objetivo es que los jueces no tengan que hacer las notificaciones previas a la orden de desalojo en caso de usurpaciones, y que la interposición de cualquier recurso jurídico no suspenda la resolución del magistrado.  Se trata de una iniciativa que modifica el Código Procesal Penal de la Provincia, presentada por el senador de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Allan, y el acompañamiento de sus pares del mismo bloque, y Andrés De Leo y Walter Lanaro.

En tanto, en el Congreso de la Nación, la oposición le reclamó al Gobierno que cancele y no de altas de servicios de Luz, Internet y Telefonía en todos aquellos inmuebles que se encuentren judicializados por usurpaciones, delitos contemplados en el artículo 181 del Código Penal Argentino. Se trata de un proyecto de Declaración presentado por la diputada nacional de JxC, Adriana Cáceres, y cuyo organismo para arbitrarlo sería el ENACOM. 

La iniciativa bonaerense, específicamente, modifica el artículo 231 bis de la ley 11.922 y modificatorias (Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires), mediante el cual se dispone que: “en las causas por infracción al artículo 181° del Código Penal, en cualquier estado del proceso y aún antes de la convocatoria a prestar declaración en los términos del artículo 308° de este Código, el Agente Fiscal o el Juez podrán ordenar provisionalmente la inmediata restitución de la posesión o tenencia del inmueble al damnificado, cuando el derecho invocado por el peticionante fuera verosímil”. 

En el mismo sentido agrega que “el pedido de restitución podrá ser presentado por la víctima o el particular damnificado directamente ante cualquiera de tales órganos. La solicitud deberá ser resuelta en el menor plazo posible. El reintegro podrá estar sujeto a que se de caución si se lo considera necesario. Y para la procedencia de dicha restitución no será necesario haber notificado previamente a todos los ocupantes del inmueble”. 

El proyecto establece también que “la resolución que disponga la inmediata restitución de la posesión o tenencia del inmueble será apelable en el plazo de cinco días, sin efecto suspensivo”.

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Por otra parte, la diputada nacional Adriana Cáceres, aseguró que el problema de las usurpaciones “no es nuevo en nuestro país”, al tiempo que remarcó que lo que no puede admitirse “es que sigan existiendo estas acciones lamentables, que bien pueden volverse más graves cuando algunos de los factores potencialmente conflictivos de las situaciones existentes toman dimensiones más severas. Es en este sentido que resulta necesario generar una respuesta integral a este problema”. 

Cáceres pidió al Estado que “refuerce”  sus políticas de acceso a la vivienda, sin dejar de lado la protección la propiedad privada que en muchos casos es el fruto de años de trabajo de las familias argentinas. 

“Una usurpación trae graves perjuicios económicos a los propietarios en cuanto costos del litigio, impuestos y lucro cesante de la propiedad, por lo que aquellas herramientas que contribuyan a disuadir las tomas o que las mismas no persistan en el tiempo, serán muy beneficiosas para quienes buscan recuperar lo que les pertenece”, remarcó Cáceres.

Vale recordar, que la legisladora de JxC fue la impulsora del proyecto presentado días atrás que propone aumentar las penas para quienes usurpen propiedades y terrenos, tanto públicos como privados. Se trata de una iniciativa que busca modificar la pena de prisión para el delito de usurpación, que pasaría de la actual escala punitiva, que va de seis meses a tres años, a una que contemple un mínimo de un año de cárcel y un máximo de seis.