Inmobiliarias en alerta por el pedido de extender alquileres “congelados”

Las inmobiliarias entraron en estado de alerta y preocupación ante la posible nueva prórroga del decreto que congeló el precio de los alquileres hasta el 31 de enero próximo. Piden que el gobierno nacional consulte al sector y temen que la extensión de ese estado de situación puede romper la relación entre las partes: locadores y locatarios, que en algunos casos lleva cierto desgaste. En nuestra ciudad el acatamiento al decreto 330 y su posterior decreto que extendió la prórroga tuvo una adhesión de hasta el 15 por ciento de los contratos de alquiler.

Mirta Líbera, quien es presidenta de la Cámara de Inmobiliarias de la provincia de Buenos Aires (CIBA) dijo que “es una contradicción que se extiendan las condiciones de congelamiento de precios mientras rige la nueva ley de alquileres desde junio pasado. Ante esa situación, un alto porcentaje ha optado por acordar en forma consensuada entre inquilinos, propietarios y la intermediación de un corredor inmobiliario nuevas condiciones de precios y modalidad de acuerdo a la nueva normativa que rige los contratos de alquiler”, que tienen tres años de extensión.

Líbera, también dirigente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) indicó que “en el sector entendemos que el diálogo es parte de la dinámica de acuerdos. Ya en octubre no era buena la idea de extender el plazo del congelamiento de alquileres, porque advertimos que se iba a producir una disminución de propiedades para el mercado de alquiler y ante menor oferta se elevan los precios, razón por la cual surge la contradicción o efecto búmeran, porque esa acción produce un aumento de los precios y a quienes se quieren ayudar terminan perjudicándolo”.

Desde FIRA se emitió un comunicado en el que se menciona que la posición del sector “respecto al pedido de algunas asociaciones realizadas al Gobierno Nacional, para que sea prorrogado nuevamente el DNU 320/20 (marzo 2020) y 766/20 (octubre 2020), entendemos que la verdadera solución debe abarcar a todos los argentinos involucrados en la problemática y no solo a un sector. Mucho más daño se hace, si pretendiendo nivelar la balanza, lo que se logra es desnivelarla más gravemente aún”.

Remarcan en FIRA que en su momento, el mencionado DNU resultó oportuno y paliativo para una crisis mundial sin precedentes, pero siempre considerado como una medida temporal, cuyo plazo de vencimiento se establecía en septiembre del 2020 y teniendo como espíritu rector el esfuerzo compartido de las partes para superar una etapa de gran incertidumbre”.

Y destacan que “durante la vigencia del DNU, se dictó la llamada Ley de Alquileres 27.551, modificando condiciones a las Locaciones en Argentina, siendo esto celebrado por sus postulantes e impulsores, quienes, además la han considerado “necesaria, justa y urgente, y que prácticamente no ha podido ser utilizada, por imperio de estos decretos. Llama la atención, por lo anteriormente expresado, que habiendo una nueva normativa que contemple escenarios actuales, se solicite extender por decreto contratos suscriptos con legislación anterior”.

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Resaltan los martilleros que “es tan grave la situación que vive quien con su magro ingreso necesita alquilar donde vivir o ejercer su comercio o profesión, como la de aquellos que con el esfuerzo de su trabajo pudieron lograr un ahorro en ladrillos, o un recurso de ingreso para completar magras jubilaciones, o un ingreso para poder pagar sus propios costos, gastos”.

“El Gobierno debe sostener la seguridad jurídica y las buenas relaciones entre todas las partes”

“Entendemos que debe trabajarse sobre el verdadero problema social, que es lograr que cada argentino acceda a una vivienda propia, facilitando el camino para ello con financiamientos accesibles y confiables, incentivos de construcción, facilidades para alentar la inversión, seguridad jurídica para no atemorizar al tenedor de capital, ampliación de la oferta de viviendas en alquiler que ayuden a bajar precio y ampliar el mercado y muchas otras propuestas que quienes somos profesionales y conocedores del sector inmobiliario podríamos aportar.

La comunidad profesional inmobiliaria argentina, remarcan, “ha dedicado gran parte de su trabajo durante todo el 2020, ayudando a contener a las partes, tranquilizar sus inquietudes, llevarles una explicación entendible y darles un marco de negociación justa y equilibrada, para poder así mantener relaciones contractuales sanas y acuerdos de voluntades objetivos. A pesar de lo mencionado, estas medidas han impactado directamente en el sector, generando incertidumbre a la inversión inmobiliaria, a la continuidad de los desarrollos constructivos y en la actividad de colegas de todo el País que han cerrado las puertas de sus inmobiliarias o se encuentran al borde de hacerlo.

CONTRATACIONES DIRECTAS

Entre los problemas que remarcan sobre la actividad incluyen el “gran número de contrataciones directas entre propietarios e inquilinos”, y señalan que hay otro más grave que ”aqueja al sector inmobiliario, que se encuentra invadido de operadores irregulares ejerciendo ilegalmente el corretaje inmobiliario, ajenos al control que los Colegios Profesionales ejercen por delegación del estado, los que deben recurrir a lentas instancias judiciales para su sanción y/o clausura, lo que en caso de reverse permitiría un mejor control de la informalidad, evitaría los casos de irregularidades que pudieren existir y aseguraría que en el mercado solo intermedien los corredores inmobiliarios debidamente matriculados y habilitados, que la misma ley 27.551 reconoce y exige”.

La solicitud que hace el sector es que “se tengan en cuenta las realidades de todos los sectores involucrados y se atiendan todas las necesidades. Donde no hay acuerdo y diálogo, no hay solución”.

ALGUNAS CIFRAS

En La Plata, según afirmó Líbera, “entre el 8 y el 15 por ciento de los inquilinos adhirieron a los DNU del gobierno nacional”.

Según martilleros de la Ciudad, hay más de 100.000 inquilinos en La Plata y en el país pueden llegar a los 8 millones.

“Es muy importante tener en claro que es necesario que el Estado debe asistir puntualmente a aquellos inquilinos sin trabajo, que acumularon deuda. Debe hacerlo de manera puntual, buscando herramientas y soluciones para ellos. Y trabaje para preservar las relaciones contractuales de toda la masa que está funcionando de manera normal y bien”.