Larreta plantará al Gobierno y se tensa la relación con Alberto F.

Horacio Rodríguez Larreta rechazó la invitación del Gobierno nacional para discutir la transferencia de fondos para la seguridad y ni él ni sus funcionarios asistirán a la reunión tras la invitación cursada por Eduardo Wado de Pedro, ministro del Interior, y Martín Guzmán, ministro de Economía de la Nación.

Tras la quita de 1,2 puntos de coparticipación a CABA, desde el Gobierno porteño aseguran que no tienen nada que hablar y que será la Corte Suprema quien decida. La mesa chica de Rodríguez Larreta discutió si finalmente el jefe de Gobierno tendría que asistir. Finalmente decidieron que no lo haga.

Rodríguez Larreta se reunió ayer con sus colaboradores más cercanos y decidieron no aceptar la propuesta por sugerencia del área legal del gobierno porteño. Si aceptaban la invitación, que en principio era para mañana lunes 4 de enero a las 15, estarían convalidando la ley recientemente sancionada.

En un comunicado dirigido a Guzmán y De Pedro, el Jefe de Gobierno dijo “Me dirijo a Ustedes en respuesta a la convocatoria recibida en el marco de la Ley N° 27.606 relativa al ‘Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad en Todas las Materias No Federales Ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires’. Ante todo, quiero expresar que nos vemos impedidos de concurrir a la reunión propuesta según lo establecido por el artículo 2° de esta ley ya que hemos planteado judicialmente la inconstitucionalidad de la misma. Desde el primer momento, la Ciudad de Buenos Aires ha impulsado el diálogo y la concertación como mecanismos para lograr consensos, pero consideramos que precisamente en este caso los acuerdos preexistentes fueron dejados de lado de forma unilateral y por lo tanto esta Ley quebranta las bases del federalismo de concertación que pretende promover”.

“Además, la Ley viola manifiestamente la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires ya que la firma del convenio de traspaso de la Policía Federal llevada a cabo en 2016 era suficiente para consolidar la transferencia de facultades y funciones de seguridad sin necesidad de una norma adicional. Se trata de una Ley que consagra una violación a la división de poderes, a la seguridad jurídica, a la estabilidad de los actos de gobierno, a la buena fe que debe regir las relaciones entre distintos niveles de gobierno y a la confianza legítima; y como consecuencia, se pretende poner de rodillas a la autonomía de la Ciudad. Para enmascarar esta intención, a través de un ilusorio convenio posterior se intenta legitimar esta Ley dentro de las exigencias de la Constitución Nacional, que establece como necesario el acuerdo previo de la Ciudad como jurisdicción afectada. Pero esto es sólo una ficción jurídica que pretende ocultar el verdadero propósito de violar la autonomía y los derechos de todos los argentinos que viven, visitan, trabajan o estudian en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, la invitación al acuerdo dentro de un plazo de 60 días es un simulacro que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no puede ni debe convalidar. No sólo porque ya se había firmado un convenio con el Gobierno Nacional y se estaba ejecutando”.