Necesidad de erradicar los casos de explotación laboral en la Región

En numerosas ocasiones se ha tratado en esta columna sobre uno de los temas sociales más acuciantes y que comprometen al conjunto de la sociedad –pero, especialmente al Estado, que es quien se encuentra obligado legalmente a actuar- que tiene que ver con el trabajo a destajo, con malas pagas y otras condiciones de explotación laboral, en situaciones que deben ser revertidas de inmediato.

Se sabe que en nuestra zona se han presentado casos que remiten verdaderamente a las épocas de la esclavitud, en las que personas y grupos familiares traídos habitualmente de lugares lejanos, se ven obligadas a prestar diversas tareas –ya sea en talleres o en establecmientos frutihortícolas, por dar tan solo dos ejemplos negativos- en condiciones infrahumanas de vida.

Instaladas en paupérrimos lugares de alojamiento, casi sin agua, baños ni higiene, mal alimentadas y además sometidas a un virtual régimen cerrado de concentración, con jornadas interminables de trabajo, con guardias armados que les impiden retirarse de esos lugares, centenares o acaso miles de personas sufren un verdadero e injusto calvario, propio de tiempos que se creían superados. A ello debe sumarse la mala o ninguna paga dineraria que reciben.

En las últimas jornadas, una investigación arrojó evidencias alarmantes sobre un caso que presuntamente reuniría estas características y que ahora se encuentra investigado por la Justicia, tal como se detalló en ediciones anteriores.

Bien se conoce que en nuestra zona, con la finalidad de erradicar ese flagelo, se sulen realizar operativos de fiscalización en distintos establecimientos industriales, habitualmente clandestinos, en comercios o en quintas, que se han traducido en acciones judiciales encaradas en el marco de la ley nacional 26.847, que establece penas de 1 a 4 años de prisión.

En años pasados y en un caso comprobado en nuestra región, de los 37 trabajadores de una cosecha estacional, 32 no estaban debidamente registrados, 3 eran adolescentes y dos eran menores de edad (10 y 15 años), por lo que se radicó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Cámaras, Departamento Judicial La Plata.

Al margen de estos y otros estudios, sólo alcanzaría con una simple observación para constatar la presencia de numerosos menores, algunos de ellos de muy pequeña edad, sometidos a trabajos penosos, como los de acompañar y ayudar a quienes recogen basura en los carritos -cuando no ocuparse ellos solos de esa actividad- o desplegando supuestas destrezas en las esquinas u ofreciendo cualquier producto a cambio de unas monedas, en distintos tipos de tareas que, como se ha dicho, realizan en la vía pública, a la vista de todos.

Los periódicos operativos de inspecciones revelan que también se utiliza mano de obra infantil en empresas fabriles de diversas ramas de producción y en las explotaciones rurales. Esos chicos y jóvenes suelen no estar escolarizados y muchos de ellos son apartados de sus familias, para reducirlos a servidumbre a cambio de ofrecerles alimentación, ya sea por parte de particulares o de falsas instituciones u hogares de supuesta contención de menores que, aprovechándose del completo desamparo de esos niños, terminan sometiéndolos a cumplir con trabajos forzados.

Se está sin dudas en todos estos casos –ya sea que correspondan a personas adultas o a menores de edad- ante fenómenos propios de épocas que parecían superadas, pero que, sin embargo, mantienen insólita vigencia.

Los derechos humanos de todos ellos deben ser respetados en forma absoluta y, por ello, se los debe rescatar del virtual estado de esclavitud al que personas inescrupulosas los reducen.