Alberto F. firmó el decreto para que Macri declare

Al cabo de un trámite que se había aplazado en dos oportunidades, finalmente ayer Mauricio Macri iba a declarar en la causa que lo tiene como sospechoso de haber presuntamente ordenado espiar a los familiares de los tripulantes que murieron con el hundimiento del submarino ARA San Juan. Pero la indagatoria, citada por el juez federal de Dolores, Martín Bava, se suspendió porque el expresidente llegó a la audiencia sin haber sido relevado del deber de guardar secreto sobre asuntos de inteligencia.

Macri, que en su arribo a Dolores contó con un acto rodeado de militantes y dirigentes del PRO arropados bajo la consigna “Mauricio yo te banco” (ver aparte), abandonó el juzgado sin poder hablar ante el magistrado, que tras la frustada comparecencia apuró un oficio para que Alberto Fernández autorice a su predecesor a revelar cuestiones de Estado. De forma exprés, el Presidente firmó ese aval en la tarde de ayer, con lo que el líder del PRO ya estaría en condiciones de declarar. Mientras resta que el juez fije una nueva fecha de indagatoria.

UN “BOCHORNO”

“El juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia para que el expresidente pueda declarar. Fue un error del juez”, disparó el abogado de Macri, Pablo Lanusse, apenas dejó el juzgado federal de Dolores.

Pletórico en críticas contra el magistrado, habló de “un acto bochornoso. El juez nos convocó sabiendo que Macri no podía declarar. Se suspendió por decisión del juez y no hay fecha” para que el expresidente vuelva a declarar.

A tono con la estrategia judicial desplegada en la víspera, el defensor de Macri acusó que ayer “quedó en evidencia el juez, en su intención de querer procesarlo [al exmandatario] antes de las elecciones; nos hemos tenido que enterar recién hoy (por ayer) que el juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia para que Macri pueda declarar”. Habló también de “persecución política” y calificó lo ocurrido como “un triste show que usa el dolor de los héroes del ARA San Juan”.

La suspensión de la audiencia, que aplaza una vez más la indagatoria y que Juntos por el Cambio interpretó como una suerte de victoria, se concretó pasadas las 13 de ayer cuando el juez Bava, después de leerle la imputación a Macri, relató que el 6 de octubre había recibido una repuesta de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la que se señalaba que si alguien tenía la facultad de levantarle el secreto al expresidente era, por una cuestión de jerarquía, su sucesor en el cargo.

Trascendió que Bava le preguntó el 1° de octubre a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, si ese relevamiento era necesario. El 6 de octubre la interventora le contestó que no era una atribución suya dar ese permiso cuando se trata de un expresidente. De todas formas, Caamaño, dijo que había mecanismos posibles para que la indagatoria se llevara a cabo: “En caso de que el expresidente brinde en su declaración alguna información clasificada en los términos del Título V de la Ley Nro. 25.520 modificada por la Ley Nro. 27.126, deberán tomarse los recaudos necesarios a los fines de garantizar su reserva”, dejó asentado.

Pero ayer, Bava hizo lugar a un planteo del abogado de Macri y -a pedido de la defensa y con el aval de la fiscalía- resolvió pedirle el relevamiento del secreto de inteligencia al presidente Alberto Fernández “a fin de no afectar garantías constitucionales” y “no obstante la interpretación del suscripto”, es decir de él mismo.

Todo el trámite de la audiencia en la que Macri no declararía duró menos de una hora. Porque aunque el expresidente ingresó a los tribunales de Dolores minutos antes de las 12 (la hora prevista para la cita judicial), fallas tecnológicas demoraron el inicio de una indagatoria que poco después de las 13 ya había sido suspendida.

Ante el juez, Macri tenía pensado presentar un escrito pidiendo medidas de prueba e insistiría en lo que vino reptiendo hasta ahora: que no ordenó espiar a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.

Al expresidente “se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de tareas de espionaje prohibidas por ley con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan”, según rezaba el frustrado llamado a indagatoria.

La suspensión de la audiencia generó malestar en los familiares de las víctimas del naufragio ocurrido en noviembre de 2017. La abogada Valeria Carreras, patrocinante de una de las querellas, por caso, expresó su indignación y tristeza. También opinó que Macri “no tuvo voluntad de declarar” en la causa y remarcó que la indagatoria constituye “el momento de defensa por excelencia” que le permite a los imputados manifestarse libremente. “Incluso, mentir”, remató