La Organización Mundial de la Salud aprobó una hoja de ruta para elaborar un instrumento legal internacional sobre futuras pandemias basado en pilares como la equidad, la solidaridad y el multilateralismo, pero persisten diferencias entre los países sobre los alcances de este marco jurídico y exigencias de la sociedad civil para que el debate se base “en los principios de Derechos Humanos”.

La resolución adoptada por unanimidad en la sesión extraordinaria de la Asamblea Mundial de la Salud surgió de un proyecto firmado por más de 100 países, entre ellos la Argentina, y prevé la creación de un “órgano intergubernamental” para escribir y negociar “una convención, un acuerdo u otro instrumento sobre la prevención, la preparación y la respuesta ante las pandemias”.

Según la hoja de ruta trazada, se espera que este cuerpo elabore un informe provisional para mayo de 2023, seguido de unas conclusiones en mayo de 2024 que lleven a un debate y su adopción.

La iniciativa parte del consenso sobre lo mal preparado que demostró estar el planeta para enfrentar situaciones como las que vive ahora con la Covid-19: desde el hecho de que no se pudo evitar que un pequeño brote focalizado se convirtiera en una pandemia hasta el acceso desigual a las vacunas que permitió la mutación del virus como ocurrió con la variante Ómicron.

Más allá de ese acuerdo, existen diferencias sobre el alcance de este nuevo instrumento legal y las obligaciones que debe generar.

“Sin duda que el camino todavía es largo”, reconoció el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Todavía hay divergencias de opiniones sobre lo que podría y lo que debería ser un nuevo acuerdo”, añadió.

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Estados Unidos se mostró reticente a que el acuerdo tome la forma de un tratado vinculante, por ejemplo.

La Unión Europea (UE), que por el contrario está a favor de su carácter vinculante, espera que el futuro instrumento internacional para las pandemias refuerce a la OMS a nivel financiero y en su capacidad de investigación, pero existen dudas que incluya entre sus competencias el poder para mejorar el acceso a tratamientos médicos como las vacunas.

Este es el reclamo de las organizaciones de la sociedad civil, que además de exigir participar de la discusión, piden que la elaboración del nuevo instrumento tenga en cuenta “los principios de Derechos Humanos”.

“La salud es un derecho humano. Desde el uso de los poderes de emergencia y la equidad de las vacunas hasta la protección de los grupos marginados y los derechos digitales, los derechos humanos y las implicaciones sociales de un nuevo instrumento legal vinculante sobre pandemias son potencialmente importantes y de gran alcance”, indicaron en un comunicado estas ONGs, entre ellas. Amnistía Internacional (AI) y la Fundación Huésped.