Cierran un frigorífico en Ramallo tras desatarse una feroz interna sindical

Gran conmoción en la localidad de Pérez Millán, en el Partido de Ramallo, al noreste de la provincia de Buenos Aires por que el viernes se conoció la noticia de que el propietario del Frigorífico ArreBeef decidió cerrar la empresa, en medio de una situación sindical muy compleja porque en los últimos meses un grupo de trabajadores comenzó a disputar la representación gremial al delegado del Sindicato de los Trabajadores de Carne de la Zona Norte del territorio bonaerense, Luis Pérez.

Los trabajadores buscaban modificar la representación gremial y acusaban a Pérez de trabar la situación. Muchos de los empleados de ArreBeef se manifestaron frente a la sede del Sindicato de Trabajadores de la Carne para pedir la renuncia del gremialista y la realización de elecciones. Además, los trabajadores pedían mejoras salariales y el pago del salario por quincena según el convenio. Ante dicha situación, comenzaron un paro por tiempo indeterminado.

Ayer por la mañana el propietario del Frigorífico, Hugo Borrell, recordó en diálogo con Infobae que en mayo próximo la empresa familiar cumple 100 años y que los conflictos que obstaculizaron el normal desarrollo de la actividad fueron el principal motivo que llevó a la decisión de cerrar las puertas de la fuente laboral que afecta a 1.000 trabajadores y que desarrollaba una faena diaria de 1.500 cabezas de ganado.

“Me cansé”, dijo Borrell, quien hizo declaraciones en medio de la particular situación por la que atraviesa el frigorífico. “En estos momentos”, explicó, “hay una movilización en la puerta del frigorífico con quema de neumáticos, y eso nos alarma por las complicaciones y el riesgo que implica ese tipo de manifestación al existir en la vías subterráneas caños con gas y amoníaco”.

Además, los manifestantes impide los ingresos y egresos de la fábrica, por lo que no se puede realizar el traslado de los 1.800 animales dentro de la misma ni el de la carne depositada en las cámaras. A todo esto se suma, que sin una autorización judicial el personal policial no puede actuar para dispersar a los manifestantes.