El oficialismo buscaba sacar dictamen para reformar la ley del Ministerio Público

Al cierre de esta edición, el oficialismo en la Cámara de Diputados buscaba sacar dictamen de mayoría del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, el primer paso necesario para reemplazar al Procurador interino Eduardo Casal. Una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado, pero que cosecha el rechazo furibundo de Juntos por el Cambio y cuyo tratamiento en la Cámara baja asoma difícil para el bloque conducido por Máximo Kirchner: sin los 129 diputados necesarios para el quórum, la sesión todavía no tiene fecha.

El texto cuestionado por la oposición modifica, entre otros puntos, la forma en la que se designa al Procurador (se reduce la mayoría vigente de los dos tercios de los votos en el Senado a una mayoría absoluta, que hoy favorece al oficialismo) y cambia el mandato vitalicio por uno de cinco años. Pero, aunque hace casi medio año el kirchnerismo pudo aprobarlo en la Cámara alta, el proyecto se frenó en Diputados porque el Frente de Todos no consigue reunir los votos suficientes.

Pese a ese escenario adverso, anoche el kirchnerismo intentaba avanzar con el dictamen en las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, mientras afuera del Congreso un centenar de manifestantes rechazaba la propuesta con pancartas y ruido de cacerolas.

A ojos opositores, la pretendida reforma de la Procuración está hecha a la medida de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, para desplazar a los fiscales federales que la investigan por presunta corrupción. Como Casal, el procurador interino que está en el cargo luego de que Mauricio Macri consiguiera la renuncia de Alejandra Gils Carbó.

“Háganse cargo y póngase colorados”, interpeló durante el debate en la Cámara baja el diputado radical Luis Petri, en clara referencia a la intervención del oficialismo en el nombramiento de todos los procuradores, desde el año 1994 hasta Eduardo Casal, que “llegó a procurador interino por la ley que ustedes sancionaron”.

Por su parte, el diputado Gustavo Menna, de Juntos por el Cambio, juzgó que la reforma “pone en juego el derecho de las personas”, mientras criticó que se relaje la mayoría necesaria para elegir al Procurador y que quede en manos de la comisión Bicameral del Ministerio Público “la posibilidad de elegir al procurador interino”. Hoy, el interinato corresponde al funcionario más antiguo. Por eso Casal asumió en lugar de Gils Carbó.

“Lo que hoy se plantea como una violación a los derechos es lo que hizo Cambiemos, con la procuradora que no era interina. Es una gran hipocresía todo esto”, retrucó el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau y la discusión se tensó con la intervención del diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias.

La oposición, como se dijo, se muestra reacia a acompañar una ley que, aseguran, solo busca remover al actual procurador interino y persigue “la impunidad”.

Algo que, en su fiel estilo epistolar, ayer se propuso rebatir Cristina Kirchner (ver aparte). Mientras que el presidente, Alberto Fernández, acusó a Juntos por el Cambio por “perseguir a la legítima Procuradora que existía” -en referencia a Gils Carbó- y esgrimió que si el pliego de Daniel Rafecas (el candidato presidencial para reemplazar a Casal en la Procuración) no avanza es porque la oposición lo rechaza.

Las palabras del jefe de Estado sucedieron a la negativa de Rafecas a aceptar su postulación “si a mitad del proceso para mi designación se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al Procurador”. Eso, dijo, “será para mí un limite ético insuperable”.

“Voy a llamarlo; yo creo que Daniel se precipita. Yo quisiera que él reflexione”, adelantó el Presidente y esa declaración chocó con la inmediata respuesta opositora: “Alberto Fernández dijo que hablará con Rafecas para hacerlo cambiar de opinión […]. El Presidente “estaría confesando que busca incidir “ sobre Rafecas, pese a que el juez afirmó que es su ‘convicción ética y jurídica’ no aceptar el cargo si proviene de la reducción de la mayoría calificada de dos tercios”, dispararon Luis Naidenoff y Mario Negri, jefes de los bloques de senadores y diputados, respectivamente, de Juntos por el Cambio. Además, acusaron a “la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti -senadora de máxima confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner-” de “cajonear” el pliego de Rafecas e insistieron en que el proyecto de reforma del Ministerio Público solo busca “quedarse con el control de la Justicia en pos de garantizarse impunidad”.

Sin 129 diputados necesarios para el quórum, la sesión todavía no tiene fecha

La iniciativa, que rechaza la oposición, cuenta ya con el aval del Senado