El confinamiento cobra sentido y validez si se lo hace cumplir a todos

Las decisión de las autoridades de nuestro país de poner en vigencia un confinamiento estricto por nueve días en casi todo el territorio nacional, como resultado del crecimiento exponencial de los contagios de Covid-19, constituye una medida excepcional que podrá cobrar sentido si se la hace cumplir, sin excepciones, a toda la población. Una condición que, lamentablemente, no se ha cumplido cabalmente cuando también se impulsaron prohibiciones similares, en el anterior contexto que ofreció la fase 1 de la pandemia en nuestro país.

Como se sabe, la medida afecta a una mayoría de actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en su forma presencial y permite sólo una circulación de cercanía entre las 6 y las 18 o por razones especialmente autorizadas, según se detalló en la edición de ayer.

“Estamos en lo peor de la pandemia”, dijo el presidente de la Nación, que de este modo fundamentó la suspensión general de actividades. Se habla, de restricciones que tienen un propósito sanitario, que también cuentan con el respaldo científico de las recomendaciones formuladas por especialistas y organismos de salud.

Las autoridades hablaron ahora de un “cierre duro” y de que se aplicarán estrictos controles para garantizar su cumplimiento. Sin embargo, bien se conoce que en muchas ocasiones, no siempre las declaraciones de los funcionarios se convierten en hechos concretos. La larga experiencia aquilatada desde que se iniciaron las restricciones en marzo de 2020, iniciándose allí una larga cuarentena, demostró que pese al acatamiento prestado por la mayoría de la población, esas regulaciones no fueron obedecidas por todos los sectores.

Existieron y siguen existiendo en la actualidad aglomeraciones de personas en distintos lugares. Se puede hablar de muchas saladitas o ferias que concentran cotidianamente a miles de personas en recintos pequeños y cerrados, carentes de ventilación. O de partidos de fútbol informales, que se disputan en plazas o en canchas que cuentan con tribunas que se colman de espectadores. Está claro que una simple salida a comprar o un acto de recreación no parecerían ser condenables en modo alguno, salvo que medien –como en el caso del coronavirus- circunstancias especiales que los puedan convertir en riesgosos para la salud pública.

Corresponde hablar aquí también de las fiestas clandestinas, con una proliferación que resulta ciertamente inexplicable y sobre cuyos organizadores debieran pesar sanciones extremadamente graves.

No tiene sentido, tampoco, que mientras una gran parte de la sociedad acató a rajatabla desde marzo de 2020 las recomendaciones preventivas de las autoridades como el distanciamiento social y el uso de barbijos -aquí no puede menos que mencionarse el estricto cumplimiento de esas medidas que se advierte en la casi totalidad de los comercios minoristas, en donde se ha respetado a todo trance el cupo de sólo dos personas en el interior de los locales, mientras el resto espera en las veredas- otros grupos decidieron pasar por alto las limitaciones establecidas. Es inocultable que tantos malos ejemplos, tanta indisciplina y desaprensión que nadie reprueba, pueden causar desaliento en quienes obedecen a las leyes.

Toda norma pública nace para ser acatada y es responsabilidad del Estado darle vigencia real. Sin incurrir en desvíos de ninguna naturaleza, ejerciendo con sensatez y responsabilidad las facultades de que disponen, las distintas autoridades del país deben velar para que la población, sin excepciones, respete el confinamiento sanitario dispuesto.