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La Región platense cuenta con 260 asentamientos en los que viven unas 50 mil familias, es decir 200.000 personas que habitan en condiciones precarias, privadas de servicios elementales como el agua, la luz, cloacas, accesos viales y redes de desagües, entre otras carencias, según lo reveló un informe de la Universidad Católica local. El trabajo pone de relieve que los barrios informales en nuestra zona crecieron a un ritmo mayor que en el resto de las grandes ciudades del país.
Como primera conclusión surge que este fenómeno debe ser revertido cuanto antes, tanto en defensa de la mejor calidad de vida de la población como de alentar un crecimiento urbanístico racional. Y que resulta prioritario frenar el auge de las usurpaciones de tierras, a partir de las cuales se están derivando secuelas ciertamente dramáticas.
Por dar sólo un ejemplo, corresponde recordar a la megatoma de Los Hornos en 2020 que -por la gran cantidad de gente y la enorme superficie que involucra- contribuyó a acentuar la consolidación de este crecimiento informal.
En ese mismo año se sumaron veinte nuevos barrios populares con respecto a 2019, formados en modo aluvional, con tomas de tierras y asentamientos de viviendas precarias, según el informe elaborado por el Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata (Ucalp).
El trabajo de campo, que relevó los asentamientos de la Región, se desarrolló durante el año pasado, es decir, en coincidencia con los largos meses de pandemia y confinamiento. Se trata del tercer informe que se realiza desde 2018 y concentra el estudio de más de 20 variables en el total de los barrios socialmente vulnerables de la Región. En esta oportunidad el trabajo se tituló “Indicador de Integración y Desarrollo en tiempo de pandemia” y arrojó los resultados de varios meses de una investigación que abarca a La Plata, Berisso y Ensenada.
De acuerdo a las conclusiones del estudio, siguen creciendo año a año la cantidad de barrios populares en el Gran La Plata, a un ritmo mayor incluso que en el resto de los aglomerados del país; destaca que se expanden los preexistentes con diferentes situaciones, como crecimiento de asentamientos en terrenos colindantes, familias que subdividen el lote para edificar otra vivienda y barrios que crecen en altura sobre el cinturón urbanizado.
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Del análisis elaborado por la UCALP se desprende, según se explicó, que el crecimiento poblacional en los asentamientos sumado al aumento de la vulnerabilidad de sus habitantes a raíz de la pandemia “ha hecho que la situación de integración y desarrollo de las familias que viven en esos barrios empeore”, se aseguró.
En ese sentido, el informe señala que 9 de cada 10 barrios necesitan una mayor integración y 7 de esas urbanizaciones la requieren de manera “urgente”, pues no cuentan con un acceso universal y equitativo a los servicios básicos (agua, electricidad, gas).
Dentro de los déficits del sistema sanitario se destacó que 9 de cada 10 viviendas carecen del sistema de cloacas, lo que genera un hábitat no saludable, tanto para la familia que vive en esas condiciones como para la comunidad en general (por las aguas negras que se descargan en la vía pública). En cuanto a las calles interiores, 6 de cada 10 no están pavimentadas y entonces se entorpece el acceso a ambulancias, bomberos, policía y transporte público en general.
Se ha permitido que la práctica del “hecho consumado” se imponga sobre la planificación urbana. Esa permisividad es responsable de esta verdadera discriminación que sufren miles de personas -se estima que viven cerca de 20 mil niños en estos barrios-, alejados de toda mejora y expuestos a todo riesgo sanitario y social.
El Estado ha cometido en las últimas décadas y sigue cometiendo una indisculpable omisión, con esta gente, con la calidad de vida general, con las futuras generaciones y con la tradición de una ciudad que se gestó con todas las previsiones propias en materia de higiene, de excelencia en la accesibilidad a los servicios públicos y de calidad de su planificación urbana.
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