Las luchas socioambientales, un boom que crece al calor de las nuevas generaciones

Leyes que prohíben la megaminería o fumigaciones en áreas pobladas, condenas judiciales por contaminación o envenenamiento, pero sobre todo la generación de una conciencia donde la protección ambiental está ligada al cuidado de la comunidad, son algunos de los logros de cientos de asambleas socioambientales que se multiplican en todo el país y cuyas luchas, en el Día Mundial del Ambiente que se celebra hoy, cobran un significado muy especial.

Este tipo de activismo protagonizado por vecinas y vecinos que se conoce como “ecología popular” por oposición al “conservacionismo” pero también al “ecoeficientismo”, reconoce en la Argentina un doble origen: el referéndum contra la megaminería en Esquel de 2003 y la lucha del pueblo de Gualeguaychú contra la instalación de la pastera Botnia en 2005.

Aunque con mucha más resonancia pública, la resistencia contra “las pasteras” terminó en derrota, a diferencia de lo ocurrido en la localidad chubutense de Esquel, cuyo rechazo a la megaminería con cianuro es ley provincial, un camino que imitaron otras siete provincias.

La lucha contra la megaminería -esa forma de explotación a cielo abierto que dinamita la montaña para obtener minerales utilizando grandes cantidades de agua y químicos contaminantes- ganó fuerza con la proliferación de asambleas en todo el país.

El despegue de la megaminería en la Argentina se produjo en la década del ‘90, facilitado por la reforma de la Constitución que provincializó los recursos naturales y dejó al Estado nacional al margen de su explotación, y el Nuevo Código Minero que además quitó las limitaciones de tamaño y duración de las concesiones. Actualmente, la movilización social contra la megaminería tiene su epicentro en las provincias de Catamarca y Chubut.

A principios de abril, doce asambleístas fueron detenidos en la localidad catamarqueña de Andalgalá en el marco de una protesta contra la reanudación de la exploración del yacimiento de Agua Rica que hace 12 años quiere operar a 100 kilómetros de donde hasta 2018 funcionó otra mina.

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“Van a generar contaminación como está probado judicialmente que hicieron en Veladero, no van a hacer algo distinto”, dijo Mariana Katz, abogada de la Asamblea El Algarrobo que lidera la lucha de Andalgalá y añadió que el pueblo, “ni aunque dejaran el 100% en regalías, lo aceptaría porque es la vida de ellos”. No obstante, el proyecto está ahora detenido por una medida cautelar que llegó a la Corte Suprema de Justicia.

En Chubut las asambleas están movilizadas frente a una nueva embestida legislativa para fijar una “zonificación minera” que transformaría el 20% de la superficie provincial en “sacrificable” para la explotación. El proyecto oficial está a las puertas de ser tratado por la Legislatura provincial, la misma que hace un mes rechazó por un voto la iniciativa popular para prohibir totalmente la actividad.

Otra de las aristas del modelo extractivista que más organización vecinal generó es el agronegocio. “En la década del 60 la ‘revolución verde’ marca el hito del comienzo de la forma de producir en la agricultura industrial y del uso intensivo de químicos en la agricultura y sus efectos sociales, ambientales y sanitarios”, describió la historiadora e investigadora del Conicet Cecilia Gargano.

Gargano señaló que, a diferencia de lo que sucedió en Estados Unidos, donde las luchas ambientales de denuncia contra este modelo se dieron desde el inicio, “en la Argentina aparecen con más fuerza con los efectos del modelo sojero -a partir de la aprobación de la soja transgénica resistente al herbicida glifosato (RR) en 1996-, y que continúa hoy como política de Estado”.

Uno de los íconos más importantes de la lucha contra el agronegocio fue el fallo del barrio Ituzaingó (Córdoba) que, en agosto de 2012, condenó a un aeroaplicador y a un productor por el delito de daño ambiental, aplicando por primera vez la Ley Nacional de Residuos Peligrosos.

Este fallo se logró gracias a la incansable lucha de las Madres de Ituzaingó, quienes denunciaron desde 2002 que en la zona había muchas personas con cáncer y otros problemas de salud asociados al uso de agrotóxicos.

Otra movilización en Córdoba con repercusión internacional fue la resistencia de la comunidad de Malvinas Argentinas, ubicada en las afueras de la capital provincial, que apoyada por activistas de todo el país sostuvo durante cuatro años un acampe para impedir que se instalara una planta de la compañía Monsanto, objetivo que lograron.

En 2017 llegó la sentencia contra un productor, un empresario y un piloto a un año de prisión por “lesiones y contaminación ambiental culposa” por haber fumigado en horario de clases una escuela rural de Colonia Santa Anita, en Entre Ríos; y, en este caso, fue la docente Mariela Leiva quien impulsó la denuncia, a partir de la cual comenzaron a organizarse las comunidades de las Escuelas Fumigadas.

En la provincia de Santa Fe las organizaciones se nuclean en la Campaña Paren de Fumigarnos y en la provincia de Buenos Aires hay asambleas en diferentes localidades que en febrero pasado exigieron la derogación de la resolución 246/2018, conocida como “la resolución del veneno”, que autoriza la fumigación de cultivos en el territorio bonaerense.

“Mientras las políticas públicas y agendas de investigación que miran al agro apelan a discursos como que estas prácticas ‘van a terminar con el hambre en el mundo’ o que ‘la tecnología viene a solucionar problemas’ en ningún momento recuperan la experiencia ligada a los daños socioambientales que produjeron; esto lo vemos con claridad hoy con el caso del trigo transgénico”, explicó Gargano.