Detectar a los reducidores para frenar los robos de cables y metales

El informe publicado ayer sobre el robo de cables telefónicos, de internet y de luz en nuestra ciudad, intensificado en los últimos tiempos por el alza del precio internacional del cobre –y que, por supuesto origina gravísimos trastornos para miles de vecinos- deja en claro la necesidad e importancia de detectar a los reducidores, que son quienes integran el último eslabón de esta cadena delictiva al encargarse de comprar y luego revender los objetos robados.

Se habla de un negocio millonario relacionado a la venta ilegal del cobre, que se inicia con quienes vandalizan los cableados y que, con posterioridad, acuden a los reducidores, en una situación que las autoridades tardan en advertir o hacen la “vista gorda”. Tal como se indicó, los reducidores pasan el metal robado a talleres en donde los funden. Se habla de cientos o miles de kilómetros de cables robados y, en general, tanto la Policía como la Justicia permanecen ajenos a esa suerte “industria” ilegal, en el que unos roban y otros reducen para luego vender.

El proceso delictivo no es novedoso, claro está. Ocurre con los autos robados, algunos de los cuales –sobre todo los usados- van a parar a desarmaderos que los desguazan para convertirlos en miles de repuestos. Pasó lo mismo en su momento con los centenares de miles de pasacasetes, robados y vendidos luego en lugares muy conocidos por todos. Ocurre con muchos otros artículos robados, como las bicicletas, que no se desarman pero que pasan a integrar un mercado “floreciente” –se llega a venderlas por internet-, sin que los organismos del Estado atinen a cortar estas cadenas.

El informe publicado ayer en este diario puso de relieve que la ola de robos afecta gravemente a la infraestructura de muchos de los servicios públicos. Aquí corresponde mencionar también a las tapas de las cámaras de las redes de agua o de desagües, con una enorme cantidad de elementos sustraídos y muy pocos ladrones detenidos. Pero tampoco en estos casos se acudió a la alternativa de detectar y detener a los reducidores. Lo mismo ocurrió con las tapas metálicas que cubren las conexiones para los bomberos o de luces led y otros elementos del alumbrado público, todos sometidos a un saqueo sistemático.

En el caso de las líneas eléctricas o telefónicas sólo en los primeros cuatro meses del año, en nuestra ciudad hubo más de 100 robos de cables denunciados. Se calcula que en cada hecho, son sustraídos, en promedio, unos 200 metros de cables, lo cual equivale a unos 20 kilómetros de cables robados de enero a abril, con un costo de más de 17 millones de pesos.

Podría aducirse, frente a la falta de resultados en el combate a estos robos -si es que hubiera algún tipo de combate-, que no resulta fácil encontrar in fraganti a quienes los cometen. Sólo terminan tras las rejas muy pocos de los autores materiales, si los atrapan en el momento exacto en que cometen el robo. Pero esa es apenas la punta del iceberg.

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Está claro que esos ladrones son apenas un eslabón de una cadena delictiva que concluye necesariamente en un creciente y vigoroso mercado negro, en el que todos esos metales se comercializan a precios elevados. Y no debería entonces ser tan difícil detectar a esos “reducidores” –esto es, aquellos que comercian con objetos robados- y desbaratar una modalidad delictiva que destruye el equipamiento urbano y perjudica con demasiada frecuencia a miles de ciudadanos.