La cruzada contra la corrupción emprendida en Guatemala desde 2015 ha quedado huérfana tras la salida del fiscal Juan Francisco Sandoval, quien se une a la exjefa del Ministerio Público Thelma Aldana y el abogado colombiano Iván Velásquez en la lista de desterrados por buscar justicia en el país centroamericano.

Una enigmática publicación en redes sociales el 16 de julio por parte del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, en la que escribía a secas “#elpróximoviernes”, ya enviaba señas de su futuro: siete días después, el 23 de julio, sería despedido por la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.

Con la remoción de Sandoval, se descabeza finalmente a quienes comandaron entre 2015 y 2019 una inédita época de lucha anticorrupción en Guatemala que hizo temblar a la clase política y a la élite empresarial local tras descubrirse la cooptación del Estado. “Esto es parte de un plan”, explicó a Efe la activista guatemalteca Helen Mack, una de las más férreas defensoras del combate a la corrupción en Guatemala.

De acuerdo con Mack, el cese de la lucha anticorrupción “surge” después de que en 2017 se destapó un caso de financiamiento ilícito para la campaña del expresidente Jimmy Morales con imputaciones para varios miembros de la cúpula empresarial. “Y ahí es cuando empiezan a articularse todos los sectores, político, económico, militar y criminal”, detalla la activista, ganadora en 1992 del premio Nobel alternativo de la paz.

Las pesquisas comandadas por Sandoval, Aldana y Velásquez destaparon docenas de casos de corrupción estatal entre 2015 y 2020, imputando a más de 200 personas entre ministros, funcionarios, empresarios y también al expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti Elías, ambos en prisión actualmente.

El primero en tener que decir adiós a Guatemala fue el abogado colombiano Iván Velásquez, a quien el presidente Morales declaró no grato en 2017 y prohibió finalmente con éxito en 2018 su ingreso al país. Al gobernante le incomodaron investigaciones de corrupción en su contra y también sobre su hermano e hijo en un caso de fraude estatal.

Velásquez comandó entre 2013 y 2019 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, un ente compuesto por extranjeros y creado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para desmantelar estructuras paralelas en el Estado.

Luego, le llegó el turno de salida de Guatemala a la exfiscal general y exjefa del Ministerio Público Thelma Aldana, quien ocupó el cargo entre 2014 y 2019.

A Aldana no le permitieron las autoridades participar en las elecciones de 2019, por lo que tuvo que huir al exilio en Estados Unidos, especialmente después de que intentaran acusarla de malversación de fondos al frente del Ministerio Público.

Desde entonces solo quedaba como bastión anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien continúo con las investigaciones en los últimos dos años en el Ministerio Público y seguía siendo una piedra en el zapato para quienes buscan impunidad, especialmente después de destapar el amaño de la elección de 250 jueces durante 2019 y 2020.

Sandoval tuvo que salir el sábado del Guatemala, vía El Salvador, ante el peligro que corría su vida y ante la posibilidad de que sea buscado judicialmente como lo hicieron con Aldana.

ACCIONES DESDE ESTADOS UNIDOS

La decisión de la fiscal general Porras de despedir a Sandoval por supuestos “vejámentes”, además de “abusos y atropellos” en su contra, según indicó la abogada, tuvo rápidas repercusiones en Estados Unidos.

El martes, la potencia mundial anunció que paralizará “temporalmente” la cooperación con el Ministerio Público, según dio a conocer en una rueda de prensa la portavoz adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jalina Porter.

La portavoz advirtió que el Gobierno estadounidense “ha perdido la confianza” en Porras y consideró que la decisión de destituir a Sandoval forma parte de un “patrón de comportamiento” e indica “una falta de compromiso con el Estado de derecho y los procesos judiciales y fiscales independientes”.

Puede que para EE.UU. tampoco haya sido de su agrado el nombramiento del reemplazo de Sandoval, la abogada Carla Valenzuela Elías de Toledo, designada por la fiscal Porras.

Elías de Toledo es, según Sandoval, prima de la exvicepresidenta Roxana Baldetti Elías, precisamente la primera figura política de peso detenida por las autoridades en 2015 en el inicio de la cruzada anticorrupción. EFE