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Según denunció el dueño de una empresa de seguridad, desde hace tres meses le exigían dinero para dejarlo trabajar “sin problemas”
La celada fue en la comisaría de 38 entre 8 y plaza Olazábal / EL DIA
Dos años después de que ocho ex comisarios platenses fueron condenados a penas de entre 3 y 5 años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos, acusados de conformar una red de recaudación y distribución de dinero ilegal, en la escandalosa “causa de los sobres”, otros tres policías de la Bonaerense fueron aprehendidos ayer en una comisaría de la Ciudad bajo sospecha de cobrar coimas a un empresario local para permitirle trabajar, informaron fuentes judiciales.
Por lo que trascendió hasta el momento, todos prestan servicio en la comisaría Segunda, donde anoche les colocaron las esposas luego de una entrega pactada de dinero que organizó el denunciante, con el conocimiento del fiscal Martín Almirón y personal de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI).
Los investigadores diseñaron el procedimiento luego de que el miércoles pasado el dueño de una empresa de seguridad de La Plata se presentó en la UFI 8, a cargo de Almirón y actualmente en turno, para exponer lo que venía “padeciendo desde hace aproximadamente tres meses”, explicó un vocero oficial.
Declaró que su firma es “pequeña, no tiene más que cinco empleados, y trabaja con supermercados de la Ciudad”. Según las mismas fuentes, “al parecer tiene toda la documentación en regla, pero por cuestiones burocráticas algunos papeles no están al día, pese a estar habilitado”.
Según el denunciante, en el último tiempo habría entregado 10 mil pesos semanales
No obstante eso, los uniformados lo habrían contactado para exigirle la entrega de una suma de dinero semanal “para dejarlo trabajar”, reclamo al que este hombre habría cedido “para no tener problemas y poder subsistir en esta época tan complicada”, hasta que decidió cortarlo de raíz acudiendo a la justicia, ampliaron los voceros.
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Enterado de esta situación, el fiscal Almirón la notificó a los responsables de Asuntos Internos, resolviéndose entonces avanzar con un operativo encubierto.
Lo que trascendió es que el denunciante pactó entregar el dinero presuntamente acordado en la sede de la Segunda, en 38 entre 8 y Plaza Olazábal, donde se montó una celada encubierta. Una vez que se concretó el intercambio, personal de la fiscalía y los auditores entraron en acción. Los investigadores requisaron luego a los oficiales y sus vehículos, secuestrando teléfonos celulares y alrededor de 18 mil pesos, se informó, aunque el denunciante asegura haber estado pagando 10 mil pesos semanales.
No trascendieron las jerarquías de los acusados; sólo que al menos dos de ellos pertenecen al llamado “servicio de calle” y que “habría fuertes elementos de prueba que los comprometen” con el delito denunciado. Almirón analizará en las próximas horas todos los elementos reunidos en la causa antes de definir la situación procesal de los policías y la carátula del caso, para que resuelva el juez Agustín Crispo. No se descarta tampoco que aparezcan nuevos implicados en la maniobra, aunque por el momento no hay otros funcionarios bajo sospecha.
En los últimos meses del año pasado ocurrieron un par de casos similares. El 30 de octubre, en la subcomisaría La Unión, en 137 entre 524 y 525, quien era entonces el jefe y dos policías de calle fueron detenidos acusados de pretender cobrarle una fuerte suma de dinero a una vecina de la zona para no implicarla en una causa por drogas. El fiscal Juan Mennucci y autoridades de Asuntos Internos resolvieron hacer lo mismo que ahora: marcar el dinero y caerles a los acusados después de que la denunciante salió de la comisaría.
El 12 de diciembre corrió la misma suerte el ex jefe de calle de la comisaría Tercera de Berisso, aprehendido en una celada diseñada por la fiscal Betina Lacki, bajo sospecha de pedir 10 mil pesos para restituir irregularmente una moto secuestrada por una infracción.
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