La inflación, advierten economistas, se está transformando en la principal variable de ajuste fiscal del Gobierno. Y por eso hay quienes se refieren a ella como esa suerte de “arma secreta” que, en plenas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), le permite a la administración de Alberto Fernández ajustar evitando mayores costos políticos.

La reflexión viene a cuento de dos datos que se conocieron en los últimos días: la inflación, que según el Indec cerró el 2021 en 50,9% (para 2022 se proyectan cifras todavía más altas) y el déficit fiscal primario (que calcula gastos menos recursos), en torno al 3 o 3,5 por ciento del PBI, de acuerdo a un anticipo del ministro de Economía, Martín Guzmán. Se trata de un rojo en las cuentas públicas que es bastante menor al 4,5 por ciento que varios estimaban y sorprende, sobre todo, porque en los últimos meses del año (electoral) que pasó el Gobierno aceleró su mecanismo de reparto de bonos, aumentos de asignaciones y subsidios, entre una serie de medidas tendientes a revertir la derrota en las PASO.

Es decir, no es que haya habido mayores podas al gasto, ni reducción de subsidios, ni recortes nominales en las jubilaciones, planes sociales o salarios estatales. Ocurre que con una inflación que el año pasado cerró en 50,9 por ciento (y que, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, escalará a 54,8 por ciento en 2022), los pesos que se inyectaron en los bolsillos de millones de argentinos fueron perdiendo rápidamente su valor y eso generó un virtual ahorro para las cuentas del Estado.

El Gobierno se hizo “socio” de la inflación, advirtió con cierta dosis de ironía el economista Carlos Melconián y que “si la inflación baja, el Gobierno está en problemas”. Según su visión, que expuso en declaraciones periodísticos, el plan parecería muy sencillo: “El Gobierno le da a los empleados estatales, o a los subsidios, un aumento que es siempre inferior a la inflación, y con eso va ajustando”, aseguró y explicó que de este modo “también aprovecha para recaudar más, porque al subir los precios, los impuestos que se pagan nominalmente suben”.

La AFIP, por caso, cerró 2021 con una recaudación récord de 11 billones de pesos y un incremento del 66 por ciento, mucho más que las subas dadas a jubilados, estatales o beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

En cambio, el Gobierno terminó gastando el año pasado bastante menos que en 2017, el mejor año de la gestión de Mauricio Macri y el de mayor nivel de gasto público, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que analizó los períodos de enero a noviembre desde 2017 a 2021.

De acuerdo a ese estudio, en 2017 hubo un gasto primario de $10,48 billones, mientras que en 2 bajó 6,7%, a $9,79 billones. Para la comparación se tomaron pesos constantes, eliminando el factor inflación.

“A veces el Gobierno dice que quiere evitar el ajuste. Pero no es así; el ajuste llegó hace tiempo y la inflación está implicando un esfuerzo cada vez mayor para jubilados, asalariados y trabajadores de la economía informal”, analizó el economista Iván Ordóñez. Agregó que “se puede hacer el ajuste eligiendo nominalmente en qué se va a gastar menos, o se puede hacer con la inflación, como está pasando ahora”.

Si la inflación es la variable de ajuste, apuntó Ordóñez, “no solo impacta en los estatales, sino que todos los que viven de ingresos fijos, públicos o privados, están sujetos a ese proceso que los empobrece más” y que los más sufren son aquellos que viven en la informalidad “que no miramos y que son los que todavía no se recuperaron de la cuarentena”.

En 2021 el déficit primario cerró en torno al 3,5% del PBI, bastante menos que lo estimado