Ómnibus y veredas, poco amigables con las personas discapacitadas

No son pocas las oportunidades en que se ha llamado aquí la atención sobre la necesidad de que se propenda a la integración de quienes padecen discapacidades o desigualdades físicas, cualquiera sea el tipo de disminución que experimenten.

En este sentido este diario, en su edición de ayer, reflejó una situación que limita la vida de numerosos vecinos, al detallarse que tan sólo menos del 5 por ciento de los micros de la Región es apto para que viajen en ellos personas que sufren grados de desigualdad física. Ocurre que la gran mayoría de las unidades no cuenta con rampas que permitan el acceso de personas que utilizan sillas de rueda para desplazarse. Es claro que también sufren problemas para el acceso personas mayores de edad.

Lo cierto es que, aunque en la Provincia rige una ley que exige a las empresas de ómnibus adaptar sus vehículos para que garanticen accesibilidad, muy pocas cumplen con esa exigencia, según se afirmó desde una asociación que ahora impulsa una acción de amparo ante el fuero Correccional platense.

Según se detalló, de cada cien vehículos del transporte público que circulan por La Plata, apenas tres cuentan con rampas y elementos que le permitan a alguien en silla de ruedas subir a ellos y viajar con cierta seguridad.

Este dato surgió de un relevamiento realizado antes de la pandemia por la Asociación Azul, una ONG platense que impulsa una demanda judicial contra una de las empresas de transporte de la Región. Sobre este asunto, el ministerio de Transporte bonaerense convocó a una audiencia pública para escuchar a los afectados por esta situación.

La demanda fue planteada en forma conjunta con un vecino contra una de las empresas de transporte de pasajeros de nuestra zona, por incumplir con una ley provincial que desde 2015 exige a las compañías de auto transporte reemplazar sus vehículos viejos por modelos que garanticen accesibilidad.

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Señala que, para que un sistema de transporte sea inclusivo, se requiere contar con vehículos adaptados, paradas con señalización accesible para personas con distintas formas de discapacidad y choferes capacitados. En lugar de eso, hoy no sólo se cuenta con unidades que no cumplen con la ley, sino con paradas que no son aptas y conductores que cuando ven a una persona con bastón blanco o en silla de ruedas “directamente no le paran o se limitan a bajarla del micro si tiene vencido el certificado de discapacidad”, según se denunció.

A grandes rasgos cabría consignar que, a partir de la imposibilidad de subir y bajar de los colectivos locales y de que existe en la ciudad un diagrama de veredas desatendidas y plagadas de peligrosos obstáculos para los desiguales físicos, la experiencia aquilatada por ellos en muchos años -en torno a la delicada cuestión de las llamadas las barreras arquitectónicas- no ha sido positiva.

Es verdad que en las últimas décadas se han experimentado avances importantes en lo que se refiere a una mayor atención hacia los desiguales físicos y a personas de edad avanzada. Sin embargo, es aún largo el camino que falta recorrer.

Aquí resulta necesario, entonces, insistir para que los organismos estatales cumplan con su obligación de despejar los obstáculos y barreras que persisten, para convertir a las ciudades en territorios amigables para todos.