Menos del 5% de los micros de la Región es apto para personas con discapacidad

Para una persona con discapacidad motriz, la espera de un micro que la lleve a destino puede ser interminable si vive en nuestra ciudad: tanto que la mayoría de ellas asegura haberse resignado a no contar con esa opción. Y es que de cada cien vehículos del transporte público que circulan por La Plata, apenas tres cuentan con rampas y elementos que le permitan a alguien en silla de ruedas subir a ellos y viajar con cierta seguridad.

El dato surge de un relevamiento realizado antes de la pandemia y ante escribano público por la Asociación Azul, una ONG platense que impulsa una demanda judicial contra una de las empresas de transporte de la Región y que acaba de conseguir algo que viene reclamando desde hace años: que el ministerio de Transporte de la Provincia convoque a una audiencia pública para escuchar a los vecinos afectados por esta situación.

La audiencia, que está prevista para el próximo 17 de noviembre en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia (ver recuadro aparte), fue ordenada por el Juzgado en la Correccional 5 de La Plata en el marco de una acción de amparo colectiva impulsada por la Asociación Azul y el vecino Daniel Sarmiento contra la empresa Transporte La Unión Línea 202 por incumplir con una ley provincial que desde 2015 exige a las compañías de auto transporte reemplazar sus vehículos viejos por modelos que garanticen accesibilidad.

“No es que la empresa demandada sea la única que incumple con esa normativa -explica Sarmiento- en mayor o menor medida ninguna de las empresas que prestan servicio en la Región cumple con lo dispuesto por la ley. Pero si bien nuestra demanda es sólo contra la linea 202, aspiramos a que un fallo favorable obligue a todas las empresas a actualizar sus unidades para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad”.

“Es una situación muy injusta que el Estado provincial no termina de reconocer -sostiene el demandante-. El hecho de que sólo haya unos pocos micros con rampas y pasen a horarios cambiantes hace que uno no pueda contar con el transporte público. Las personas con discapacidad sin recursos para estar costeando taxis o remises hoy estamos condenadas a no poder salir de su casa o depender de la buena voluntad de un amigo o familiar que nos pueda llevar”.

Aunque “muchas veces se minimiza el hecho de no contar con un sistema de transporte público adaptado -agrega el vecino-, para una persona con discapacidad física lo es todo: es su independencia y es también su posibilidad de educarse, trabajar o acceder a un servicio de salud sin depender de la disponibilidad de los demás”.

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Lo cierto es que el incumplimiento del Programa Provincial para el Transporte Accesible e Inclusivo no sólo afecta a las personas con discapacidad motriz ni se limita a la falta de rampas en los colectivos, señalan desde la Asociación Azul.

“Para que un sistema de transporte sea inclusivo se requiere, además de vehículos adaptados, paradas con señalización accesible para personas con distintas formas de discapacidad y choferes capacitados. En lugar de eso, hoy no sólo tenemos unidades que no cumplen con la ley, sino paradas que no son aptas y conductores que cuando ven a una persona con bastón blanco o en silla de ruedas directamente no le paran o se limitan a bajarla del micro si tiene vencido el certificado de discapacidad”, denuncian desde la ONG.