Cárcel a los adúlteros: polémica reforma en Indonesia
Edición Impresa | 7 de Diciembre de 2022 | 01:20

YAKARTA
El Parlamento de Indonesia aprobó ayer una amplia reforma del código penal que incluye la prohibición del sexo extramarital y la apostasía (abandono que hace una persona de sus creencias religiosas), además de los insultos al presidente, entre otros cambios denunciados como “antidemocráticos” por decenas de ONG y grupos civiles.
La reforma, que lleva décadas discutiéndose y ha generado masivas protestas en el país, fue respaldada por el Parlamento de Indonesia, el país con más musulmanes del mundo y tradición liberal, según indicó Alif Nurwidiastomi, de la Fundación para la Ayuda Legal de Indonesia.
Entre las cláusulas más criticadas están la prohibición del sexo fuera del matrimonio en cualquiera de sus formas (premarital y extramarital) con hasta un año de prisión.
Las parejas no casadas que viven juntas se enfrentarán por su parte a seis meses de prisión.
El portavoz del equipo encargado de esta ley en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Albert Aries, defendió las enmiendas y aseguró que estas nuevas reglas protegerían la institución del matrimonio.
También señaló que los actos de sexo pre y extramarital solo podían ser denunciados por el cónyuge, los padres o los hijos, lo que limita el alcance de la revisión.
Las nuevas normas también criminalizan los insultos al presidente con un máximo de tres años de cárcel, e ilegalizan la apostasía.
Existe miedo por cómo pueden impactar estas nuevas reglas en la comunidad LGTB+ en Indonesia, donde el matrimonio entre personas del mismo sexo no está permitido.
Tras su aprobación, se abre un período de “unos dos años” en el que la reforma podrá ser disputada en el tribunal constitucional del país, explicó Nurwidiastomi, quien restó crédito al proceso por “los vínculos” entre dicha corte y el Gobierno y cree que acabará siendo implementada.
IMPACTO EN EL TURISMO
Los cambios afectarán tanto a la población indonesia como a los extranjeros residentes en el país, así como a los turistas que visiten una nación con destinos tan populares como la isla de Bali.
La reforma ha generado protestas desde que se amagó con aprobarla en 2019, cuando se paralizó tras masivas manifestaciones en el país, mientras decenas de personas se manifiestan en su contra desde el lunes frente al Parlamento en Yakarta.
Casi un centenar de ONG denunciaron en un comunicado que su contenido es “antidemocrático” por la supresión de libertades que conlleva, en la que supone la reforma más extensa del código penal desde que Indonesia se independizó de Holanda en 1945.
Sus detractores condenan la “islamización” del país de mayoría musulmana, que había dado por superado el período oscuro de la dictadura de Suharto (1967-1998).
La reforma incluye por primera vez la consideración de apostasía como un crimen y expande las leyes ya existentes contra la blasfemia, urgiendo a perseguir a quienes expresen opiniones públicas o cometan “actos hostiles” contra las religiones profesadas en Indonesia con hasta 5 años de cárcel.
Asimismo castiga los insultos al presidente y vicepresidente del país con un máximo de tres años de prisión, y prohíbe las protestas pacíficas sin permiso previo, punibles con hasta seis meses de cárcel.
Difundir ideologías contrarias a la oficial será también castigado en Indonesia con hasta cuatro años de cárcel.
GOLPE A LAS LIBERTADES
“Lo que estamos presenciando es un golpe significativo al progreso obtenido con mucho esfuerzo en proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales en Indonesia durante más de dos décadas”, afirmó en un comunicado el director de AI Indonesia, Usman Hamid.
“No nos dejemos engañar; la aprobación de este código penal es el principio del desastre absoluto para los derechos humanos en Indonesia”, remarcó por su parte Andreas Harsono, portavoz de Human Rights Watch en Indonesia.
En este marco, en otra reforma aprobada ayer, la pena de muerte, que suele imponerse en Indonesia por delitos relacionados con las drogas, se combinará con un período probatorio de diez años, tras el cual podrá conmutarse por cadena perpetua si el condenado muestra un comportamiento ejemplar.
Un centenar de personas protestaron el lunes contra la ley y desplegaron una pancarta amarilla con el lema: “Rechacen la aprobación de la revisión del código penal”.
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