El oficialismo no pudo avanzar con su plan para designar jueces federales

El oficialismo y la oposición no llegaron a un acuerdo para aprobar 18 concursos de jueces federales para cubrir 49 vacantes en el Consejo de la Magistratura, varias de ellas en los tribunales de Comodoro Py, donde tramitan casos de corrupción en la política.

Así, fracasó el plan del Gobierno para designar nuevos jueces federales antes del recambio en la Magistratura. Para aprobar un concurso se necesitan nueve votos. El oficialismo tiene siete y la oposición seis, por lo que resultaba crucial un acuerdo que finalmente no se logró.

“Los concursos no van a salir, no hubo acuerdo”, admitió el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, obligado a postergar las votaciones de las ternas.

En juego estaban las vacantes en Comodoro Py: los juzgados de primera instancia que ocupaban Claudio Bonadio, Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres. También los lugares de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal y seis más en los Tribunales Orales Federales, donde se juzgan las causas que más inquietan al poder.

La audiencia extraordinaria había sido convocada por el presidente del cuerpo, el juez penal Alberto Lugones, para organizar las elecciones de representantes de abogados y magistrados, pero también para sancionar un esquema de funcionamiento administrativo después del mañana, cuando ya se haya vencido el plazo de 120 días fijado por la Corte para una nueva integración.

Hoy el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de seleccionar y sancionar a los jueces, cuenta con 13 miembros: tres diputados, tres senadores, tres representantes de los jueces, dos abogados, un académico y un representante del Ejecutivo.

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En diciembre del año pasado, la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley del 2006 que había reducido el número original de miembros del Consejo de 20 a 13, con mayor presencia de representantes de la política. El máximo tribunal ordenó sancionar una nueva norma y dio plazo hasta mañana. A partir de entonces, el Consejo deberá retomar la integración que tenía hasta el 2006, de 20 miembros e incluyendo a un integrante de la Corte, que debe presidir el órgano, algo a lo que el Gobierno se resiste.

A los 13 miembros actuales deberían sumarse otros 7: dos representantes de los abogados, una de los jueces, uno de las universidades, dos parlamentarios y el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

Como representantes de los abogados ya fueron electas Jimena de la Torre, de Juntos por el Cambio, y María Fernanda Vázquez, cercana al oficialismo. Por los magistrados fue electa la jueza civil Agustina Díaz Cordero, crítica del Gobierno. El representante académico aún no fue seleccionado. Mientras el oficialismo se resistiría a nombrar a los dos representantes parlamentarios que deberían corresponderles a la oposición.

La semana pasada el Senado le dio media sanción al proyecto del oficialismo para reformar el Consejo de la Magistratura, que deja afuera a la Corte. La iniciativa pasó a Diputados, donde el Frente de Todos no tiene los votos y ni siquiera fueron conformadas las comisiones para tratarla, con lo que no se llegará a cumplir con el plazo que vence mañana y que coincide con el feriado de Semana Santa.

La clave estará en lo que pase el lunes, cuando entre en vigencia el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la actual composición del Consejo de la Magistratura y que, como se dijo, debería sumar al órgano al presidente del máximo tribunal. Un aspecto clave en la discusión.