“Hay una correlación absoluta entre justicia social y justicia ambiental”

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Camila Crescimbeni fue una de las oradoras de la Expo Bic, el evento que organizó esta semana el Gobierno de Colombia en Bogotá, con el objetivo de visibilizar, fomentar e impulsar las sociedades comerciales de Beneficio e Interés Colectivo (también conocidas como de “triple impacto”); es decir, aquellas empresas que no solo persiguen una finalidad de lucro, sino que también buscan crear un impacto social y ambiental positivo.

Las jornadas reunieron a cientos de empresarios de triple impacto con actores del sector público, académicos y referentes de la sociedad civil bajo el lema “El valor de ser sostenible”. En ese marco, Crescimbeni fue una de las expositoras en el panel internacional “Mesa BIC Latinoamericana: la política pública como impulsora de cambios”, en la que junto a otros actores de Colombia y Ecuador debatieron acerca de los desafíos y oportunidades de impulsar el triple impacto a través de leyes y políticas públicas.

Cabe recordar que en marzo de 2021 la diputada nacional presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de “Ley BIC”, destinado a reconocer jurídicamente a aquellas empresas que no solo aspiran a la creación de valor económico, sino también a lograr en simultáneo un impacto social y ambiental positivo en las comunidades en las que se desarrollan.

En su exposición, Crescimbeni destacó la importancia de que los proyectos orientados al desarrollo sostenible, tales como la Ley BIC, se trabajen a partir de la construcción de amplios consensos y no queden condicionados por diferencias políticas o ideológicas. “Si esta ley queda inserta en la lógica de la disputa partidaria, pierde. La Ley BIC no debe ser la ley de nadie en particular. Es la ley de Argentina, es la ley de Colombia, es la ley de Latinoamérica”, señaló.

En la actualidad, hay cuatro países latinoamericanos que cuentan con una ley BIC. El primero en sancionarla fue Colombia, en 2018, seguido de Perú y Ecuador en 2020 y, más recientemente, Uruguay, en 2021. Asimismo, hay otros países de la región que, al igual que la Argentina, se encuentran trabajando en la aprobación de leyes que reconozcan jurídicamente a este tipo de empresas; entre ellos, Chile, Brasil, México y Panamá.

“La agenda regional nos impulsa. No es lo mismo estar pensando en algo que no existe, que debatir un proyecto a partir de los ejemplos concretos de países hermanos que ya aprobaron leyes de Sociedades BIC”, manifestó Crescimbeni. En este sentido, la diputada nacional remarcó la importancia de consolidar alianzas estratégicas con los referentes de los distintos países que ya sancionaron o se encuentran en proceso de aprobar leyes BIC para que sean quienes “les expliquen a los demás empresarios y actores políticos de Argentina por qué es fundamental el reconocimiento jurídico de las empresas de triple impacto para el crecimiento económico sostenible del país”. 

Finalmente, Crescimbeni enfatizó en la necesidad de “rebatir esta idea de que las cuestiones de desarrollo sostenible son problemas de países ricos o de personas con las necesidades básicas resueltas”. En ese aspecto, indicó: “Cuando escucho eso, les respondo que me acompañen a recorrer los barrios y ver quiénes viven en los basurales a cielo abierto o al lado de los ríos y arroyos más contaminados. Las más afectadas siempre son las personas con mayores vulnerabilidades. Por eso, es fundamental insistir en mostrar la correlación absoluta que existe entre la justicia social y la justicia ambiental”.