Ordenan nuevas medidas de prueba en causa de desvío a cooperativas

El juez federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó una serie de medidas de prueba en el caso que investiga el presunto desvío de fondos en el municipio gobernado por Mayra Mendoza.

Fuentes judiciales informaron que Armella realizó nuevos pedidos de información a escribanías y organismos del Estado para recabar más información sobre los imputados y las entidades bajo sospecha por operaciones en sociedades e inmuebles.

A su vez, se peritaron los teléfonos y las computadoras que habían sido secuestradas durante los allanamientos ocurridos el mes pasado en las cooperativas y las oficinas de una de las empresas ligadas a ellas. Además los funcionarios judiciales de Quilmes analizan la información contable que recibieron de la AFIP, de la UIF y de entidades bancarias.

La causa se enfoca en las contrataciones millonarias a un conjunto de cooperativas supuestamente relacionadas con funcionarios municipales del entorno de la intendenta Mendoza, quien está imputada pero, por ahora, los principales sospechados de haber articulado el desvío de fondos a través de la contratación de cooperativas son el exsubsecretario de Hábitat del municipio Sebastián Raspa, que renunció cuando se hicieron públicas las acusaciones, y quien fuera su socio, el abogado Martín Bordalejo. También investigan a José Alejandro Scozzari, contador de varias empresas vinculadas a la causa y contratista del municipio.

Por su parte, de la información entregada por la UIF y la AFIP surgió que las supuestas cuentas offshore a las que habrían desviado fondos los exfuncionarios implicados en la maniobra no están declaradas en Argentina.

El próximo paso podría ser librar exhortos internacionales para rastrearlas, una medida que ya fue impulsada en la otra causa por estos hechos que está en Comodoro Py.