Los que saltean comidas: el drama de un millón de chicos

Más de un millón de niñas, niños y adolescentes en Argentina debieron dejar de comer alguna comida diaria por insuficiencia de ingresos en su hogar, una situación que también afecta a tres millones de personas adultas del país, según un informe presentado ayer por representantes de Unicef, que destacaron a su vez la importancia de sostener respuestas universales, no condicionadas y “sin miradas punitivas”.

Se trata de la Encuesta rápida sobre la situación de la niñez y la adolescencia 2022, realizada entre el 12 y 30 de junio pasado a través de un cuestionario vía telefónica a una muestra de 1.626 hogares con niñas, niños y adolescentes (NNyA) de Argentina.

Según este relevamiento, la inestabilidad laboral y la insuficiencia en los ingresos de los hogares son los principales determinantes de que el 7% de los NNyA y el 19% de las personas adultas debieran dejar de comer alguna comida diaria (desayuno, almuerzo, merienda o cena).

Carne, verduras y lácteos

La insuficiencia en los ingresos generó a su vez una reducción del 67% en el consumo de carne y del 40% en la ingesta de frutas, verduras y lácteos.

Asimismo, el 36% de los hogares con chicas y chicos dejó de comprar algún alimento por no tener dinero, indicador que llega al 50% en hogares que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar, hogares numerosos, con jefatura femenina o endeudados.

En esa línea, una de cada dos mujeres afirmó no recibir la cuota alimentaria y el 63% solo la perciben de forma esporádica, lo que supone una “presión adicional sobre los ingresos”.

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El relevamiento registró también que uno de cada tres hogares no puede cubrir sus gastos corrientes y el 50% no puede solventar los gastos escolares, mientras que uno de cada cuatro hogares dejó de ir al médico o al odontólogo.

En ese sentido, Luisa Brumana, representante de Unicef Argentina, aseguró que “el sistema de protección de ingresos sigue siendo un pilar central para proteger a las familias en situación de mayor vulnerabilidad”.

“En situaciones de crisis económicas, el Estado debe garantizar que la niñez y la adolescencia sea protegida a través de presupuestos y políticas inclusivas que les permita salir de la pobreza y la indigencia”, sostuvo Brumana y apuntó que, según la encuesta, el 55% de los hogares con niñas y niños es alcanzado por alguna medida de protección social, lo que tuvo “un impacto clave en mitigar los efectos de la crisis”.

Durante la presentación de estos datos, los representantes de Unicef aseveraron que se debe avanzar en respuestas “universales y no condicionadas”, desde un enfoque de derechos humanos.

En relación a la reciente decisión del gobierno porteño de quitar la ayuda social a los beneficiarios del programa Ciudadanía Porteña si sus hijos pierden la regularidad escolar, desde Unicef sostuvieron que “hay que pensar qué está sucediendo con la asistencia escolar y cómo sostener las trayectorias educativas más que tener miradas punitivas que no solucionan el núcleo del problema”.

La situación educativa

En cuanto a lo educativo, se indicó que el 50% de los hogares consideró que los NNyA finalizará el ciclo lectivo con menos aprendizajes de los que deberían haber logrado y el 33% planteó que sus hijos e hijas verán afectado su desempeño futuro como estudiantes.

En relación con el 2021, se redujo del 42 al 26% el número de hogares que no tienen computadora o tablet para la realización de las tareas escolares y del 30 al 8% quienes no tienen celulares, aunque uno de cada cuatro hogares aún no cuenta con ningún dispositivo en el hogar.

Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social de Unicef Argentina, sostuvo que el estudio mostró “un declive de la clase media donde la insuficiencia de ingresos genera la necesidad de usar ahorros o endeudarse para mantener condiciones de vida mínimas para la niñez”.

En ese sentido, alertó que esto favorece que las y los adolescentes realicen actividades económicas, que tienen impactos negativos sobre sus trayectorias escolares, entre otras vulneraciones de derechos.