Para el fiscal hubo una “connivencia grosera” entre Báez y los Kirchner

Sin un asomo de duda, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola sentenciaron ayer que “Lázaro Báez era Néstor Kirchner y Cristina Kirchner”, a quienes volvieron a acusar de haber montado “un esquema de corrupción que funcionó sistemáticamente durante doce años”. Así lo expusieron en la segunda jornada de alegatos por el juicio de la obra pública en Santa Cruz, donde para los titulares del Ministerio Público se demostró “un direccionamiento grosero e inadmisible y una falta total de control” en favor del empresario de la construcción.

Una estructura de “privilegios e irregularidades”, con “licitaciones que eran una ficción, simuladas” porque “sólo las empresas de Báez competían entre sí”, habrían permitido al dueño del Grupo Austral beneficiarse con 51 licitaciones de obras viales durante los gobiernos kirchneristas, según insistió Luciani.

El fiscal, que en la primera parte de su alegato (iniciado el lunes) había señalado a Cristina y a Néstor Kirchner como los responsables de “una de las matrices de corrupción más extraordinarias”, machacó ayer sobre lo que denominó como “una connivencia inadmisible” entre Baéz y los exmandatarios, mientras acusó a la Vicepresidenta de buscar “su propia impunidad”. Algo que la expresidenta no escuchó, ya que se ausentó en la segunda -de nueve- audiencia desarrollada de manera virtual y en la que sí estuvieron, entre otros acusados, el exsecretario de Obras Públicas, José López; el ex coordinador de Planificación y primo del ex presidente, Santiago Kirchner; el exdirector de Vialidad Nacional, Nelson Periotti y el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala.

“Cada uno de los imputados cumplió su rol” para poner en funcionamiento “este sistema de simulación de licitaciones”, insistió la Fiscalía, que subrayó la responsabilidad del Ejecutivo de entonces para “diseñar la maniobra” y “favorecer al Grupo Austral” hasta convertir a Báez en el “empresario de obra pública vial más beneficiado” por los “gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner”.

Lo que se orquestó fue “una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz”, con destino al empresario vial “por más de 46.000 millones de pesos, de acuerdo al monto actualizado a 2016” y a lo probado por los fiscales.

¿Cómo fue posible esto? Según argumentó Luciani, “una administración sana y eficiente está obligada a adjudicar la obra a la empresa que hace la oferta más conveniente, no al empresario amigo. Nosotros vamos a ver que en 47 de las 51 obras que analizamos esta función la debió cumplir la comisión de estudio de preadjudicación de Santa Cruz. Pero nos encontramos en condiciones de asegurar que nunca se hizo un análisis real, serio y detenido. Se actuó con rapidez, con celeridad, en el proceso de licitación. No solo las licitaciones eran una ficción, sino todo lo que pasaba después”.

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Como ejemplo puso las licitaciones de obras de pavimento sobre la Ruta 288, 281 y 40, en las que se presentaron a “competir” tres empresas de Báez: Gotti Hermanos, Austral Construcciones y Kank & Costilla. “Estas licitaciones debían ser desestimadas, compitieron tres empresas del mismo Grupo y cuando ganaba Gotti le cedía la obra a Austral inmediatamente, todo fue simulado”, remató Luciani y sumó un agravante: “Todas las obras en las que se reiteró este mecanismo tuvieron un constante retraso en sus plazos generando una erogación enorme del Estado”.