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Tras radicalizar su discurso por el intento de magnicidio contra la Vice, el Gobierno no logra consensuar reglas de “convivencia democrática” con la oposición. Ordenamiento interno y nuevos roles en el FdT. Surgen los primeros chispazos por el ajuste fiscal
El dirigente social Juan Grabois participó de la misa en Luján con el kirchnerismo / Télam
Emiliano Russo
efrusso@eldia.com
El Gobierno recalculó la postura adoptada horas después del atentado contra Cristina Kirchner cuando había apuntado a la oposición, a los medios y a la Justicia de haber propiciado un escenario que actuó como catalizador del demencial ataque. Pero el llamado al diálogo político no pudo evitar la desconfianza de gran parte de la dirigencia no oficialista que, por ejemplo, ayer decidió no participar de la misa por “la paz y la fraternidad” en la Basílica de Luján.
El oficio religioso pareció complementar la tibia convocatoria a un debate contra la intolerancia política que había esbozado el ministro Wado de Pedro (Interior), presente en el oficio religioso a diferencia de Máximo Kirchner, pero que no logró contar con un respaldo institucional que le diera una mejor impronta. A la oposición, con todo, tampoco se le escapó que el dirigente camporista, como el propio Alberto Fernández, en los últimos días suavizó llamativamente la postura que vinculaba el intento de magnicidio con los discursos de odio, en paralelo a la difusión de las primeros sondeos de opinión que exponían la insatisfacción de una gran parte de los consultados respecto a la primera reacción que había tenido el oficialismo.
La cuestión es que la propia convocatoria oficial pareció además ser “selectiva”, como bien observó un dirigente de la UCR. En Casa Rosada no ocultaban que el “límite” eran aquellos que no condenaron el ataque de Fernando Sabag Montiel: “halcones” del PRO como Patricia Bullrich y libertarios como Javier Milei.
El atentado registrado en la esquina de Juncal y Uruguay consolidó la nueva estructura de poder del Frente de Todos, con un presidente relegado en la gestión, con un Sergio Massa encabezando una extensa gira de “primer ministro” en Estados Unidos y una Cristina que recuperó la centralidad total del Frente de Todos y que, poco a poco, como se observó en las banderas desplegadas ayer en una movilización en el porteño Parque Lezama, se posiciona como la candidata natural a suceder a A. Fernández.
Mañana Massa se reunirá con las autoridades del FMI e intentará allanar el camino para una eventual flexibilización de las metas fiscales y monetarias en 2023, con el claro objetivo de mejorar las chances del oficialismo en las elecciones nacionales. Para ello exhibirá los primeros números del ajuste fiscal y el engrosamiento de las reservas que posibilitó la liquidación del campo gracias al “dólar soja”.
Pero el achicamiento del gasto generó en la semana la primera marcha atrás del Ejecutivo: una auditoria había dado de baja casi 40 mil planes sociales pero la presión de los dirigentes sociales alineados –Rafael Klejzer, también funcionario de Desarrollo Social, llegó a hablar de “ajuste menemista”- anuló la medida. “Se ajusta donde no hay resistencia”, concluyó una fuente del oficialismo viendo la carpa de prestadores de servicios a discapacitados que, sin una respuesta satisfactoria, aún reclaman a metros de la Casa Rosada.
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Sí el freno a la asistencia monetaria al Tesoro, la aplicación de subas tarifarias para reducir subsidios y el desdoblamiento cambiario de hecho, resultan mensajes al mercado, aún no queda claro cuál será el ancla inflacionaria que adoptará el Ejecutivo para parar la suba de precios. El Banco Central, además, viene acelerando el ritmo de devaluación del dólar oficial en pos de un achicamiento de la brecha con las cotizaciones alternativas, un nuevo requisito del FMI. Casualmente el último informe de la entidad que preside Miguel Pesce relevó que, en base a los trabajos de las principales consultoras, el IPC de 2022 sería superior al 90%.
Este fenómeno es el principal desafío que tiene un gobierno que observa cómo el mismo se reduce en los países de la región –en agosto Brasil nuevamente tuvo deflación- y ahora intenta visibilizar las protestas de usuarios hartos por las subas tarifarias en España o Inglaterra para justificar la explosión inflacionaria en Argentina.
En julio el salario de los trabajadores registrados (RIPTE) perdió casi 2 puntos contra la inflación y, según el titular del Observatorio de Desarrollo Social de la CTA Autónoma, Luis Campos, volvió a quedar por debajo de los niveles (de poder adquisitivo) de diciembre de 2019. La situación en los empleados informales, se presume, es aún peor. Este sigue siendo el principal problema que tiene el FdT para ordenarse de cara a los comicios del 2023. A Cristina, como bien observó un funcionario cercano al Presidente, ya no le sirve “diferenciarse” de la gestión económica.
El achicamiento del gasto generó en la semana la primera marcha atrás del Ejecutivo
En el Gobierno, con todo, sostienen que una vez superado este verdadero problema, lo que estará en discusión en las futuras elecciones será cómo “administrar el desarrollo” habida cuenta de las potencialidades que tiene el país para incrementar sus exportaciones en alimentos, energía, minería y en la industria del software. En ese aspecto, además, hay coincidencia en la mayor parte de la coalición oficialista. Las diferencias, en todo caso, están en cómo “distribuir” la renta para lograr un país más igualitario.
Mañana, al conmemorarse el centenario del nacimiento de Antonio Cafiero, un teatro porteño será sede de un encuentro “ecuménico” de todas las líneas del peronismo. Fueron invitados hasta dirigentes que participaron de la administración menemista y también aquellos que acompañaron al abuelo de Santiago Cafiero durante su paso por la Gobernación, entre 1987 y 1991. Son postales de unidad “temporales”: nadie duda que en mayo próximo cuando comience a definirse la estrategia electoral del FdT volverán a reabrirse las grietas internas. Siempre y cuando, claro está, no emerjan antes tensiones por el ajuste fiscal en marcha.
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