Más presión K en el juicio político contra la Corte

El kirchnerismo activó una serie de mecanismos institucionales para avanzar en el proceso de enjuiciamiento contra los miembros de la Corte Suprema. No sólo convocó para el jueves próximo a la comisión que deberá intervenir en el tema, sino que además sumó otros expedientes con acusaciones contra los funcionarios.

Los 31 integrantes de la comisión, que preside la diputada Carolina Gaillard (Frente de Todos-Entre Ríos), se reunirán en la Sala 1 del Anexo A para iniciar la primera etapa del estudio, que concluirá con la presentación del proyecto de admisibilidad del juicio, posiblemente en la primera quincena de febrero.

Luego se iniciará la segunda etapa, de recolección de pruebas, para ver si finalmente los diputados dictaminan para que el proyecto quede en condiciones de ser analizado por el plenario.

En este escenario, el oficialismo tiene los votos en la comisión para iniciar el proceso, pero en principio no lograría los dos tercios necesarios para avanzar en el recinto con el dictamen acusatorio.

El planteo del oficialismo se disparó luego del fallo del tribunal que favoreció a Capital Federal en el reparto de recursos nacionales y que ordenó dar marcha atrás parcial con un recorte que ordenó en 2020 el presidente Alberto Fernández.

El tema fue incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias, que se realizarán entre el próximo lunes y el 28 de febrero.

El texto para iniciar el juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema, en base al documento impulsado por el Presidente y gobernadores, ingresó formalmente a la Cámara baja.

La iniciativa, presentada por el diputado del FdT, Eduardo Valdés, junto a otros legisladores del oficialismo, consta de 410 páginas y propone citar a los cuatro jueces -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- para que se presenten ante la comisión de Juicio Político.

Juntos por el Cambio adelantó que participará del debate pero no dará quórum en la comisión, al insistir en que se trata de “un ataque a la Corte y a la institucionalidad” por parte del Gobierno.