La “factura” del operativo, para las organizaciones

El Gobierno nacional anunció que los gastos del operativo de seguridad montado durante la manifestación del miércoles pasado correrán a cuenta de las organizaciones sociales que se movilizaron ese día a Plaza de Mayo.

La decisión de cargar a las organizaciones con los gastos de los operativos, llegó de la mano de la aplicación del protocolo antipiquetes impulsado por el ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich, quien en una oportunidad ya había advertido que “el Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad”.

Según detallaron desde la cartera de Seguridad, el costo del operativo del que se deberá hacer cargo el Polo Obrero -entre otras organizaciones- fue de 60 millones de pesos, gastos que contemplan “el consumo de combustible y el promedio de horas/hombre”, detallaron.

Las 14 organizaciones a las que el Gobierno nacional les hará llegar la “factura” del operativo son el Polo Obrero; la Corriente Clasista y Combativa; el Movimiento Evita; La William Cook; MTR - 12 de abril; Cuba MTR; Libres del Sur, Darío Santillán; La Dignidad; FOL; Barrios de Pie; Torres; el Movimiento de Trabajadores Excluidos; y el Movimiento Patria Justa.

Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni comunicó que desde el Gobierno “vamos a intimar a las organizaciones para que se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía”. Además aseveró que “va a haber consecuencias de quienes incumplieron la ley, se procederá sobre ellos a hacer recaer el peso de la ley y se les quitará los planes a los que participaron”.

En esa línea el portavoz indicó que el Gobierno realizó una denuncia judicial por los presuntos delitos de “extorsión” y “defraudación al Estado” contra 14 organizaciones sociales que participaron de la manifestación. Según explicó, la denuncia se realizó en base a los llamados que recibió la línea 134 de los cuales más de mil podrían encuadrarse bajo estos delitos.

Desde Seguridad comunicaron que “de 15.900 llamados al número 134 del ministerio de Seguridad, se separaron 1.100 denuncias que encuadran en la tipología señalada” además destacaron que “en estas denuncias, los ciudadanos explican los mecanismos de extorsión empleados por las organizaciones tales como pedido de dinero cada vez que cobran el plan; multas que llegan a los 8.000 a quienes no concurren a los cortes de rutas por ellos convocados; amenaza de dar de baja el plan si no se prestan a la concurrencia de eventos”.

En ese sentido, Adorni añadió que “hay 32 personas denunciadas, se da el detalle de quiénes son, cómo se llaman y en qué organización operan”. La presentación recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y la fiscalía de Gerardo Pollicita.

Más movilizaciones

A pesar de esta inclaudicable postura del Gobierno nacional con respecto a las manifestaciones y a los cortes de calle, desde las organizaciones no dieron un paso atrás con sus convocatorias.

Ni la “factura” de los gastos, ni las intimaciones judiciales por parte del ejecutivo detuvo a las organizaciones que preparan una nueva concentración en los próximos días con epicentro en el Obelisco porteño. Según adelantaron habrá asambleas y ollas populares en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia impulsado por Javier Milei, en distintos puntos del país.

A diferencia de lo ocurrido el pasado miércoles 20 de diciembre, esta vez se sumaron más espacios a la convocatoria entre los que se encuentran la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el FENAT, de CTA Autónoma; el Movimiento Argentina Rebelde (MAR), la organización Libres del Sur y el Frente Barrial de CTA-T.

También se adhirieron a la convocatoria la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), las organizaciones del Frente Milagro Sala, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el MTD Aníbal Verón; el Frente Popular Darío Santillán (FPDS); MRP, FOB, el MTR por la Democracia Directa; la Corriente Lealtad y el Frente Barrial 19 de diciembre.

El gobierno realizó una denuncia por “extorsión” y “defraudación al Estado”