Desde el año pasado comenzó a aplicarse por primera vez en el país la segmentación de usuarios de acuerdo a sus ingresos para el pago de distintos servicios, como una forma de reducir los subsidios sobre los consumos de los servicios públicos esenciales, con un impacto menor para la población con bajos recursos monetarios.
Este nuevo sistema de tarifas diferenciadas se aplica desde 2022 para los servicios de gas, electricidad y para los usuarios de Aysa; y desde este año para los clientes de medicina prepaga.
Sin embargo, a pesar de los cálculos que se hicieron preliminarmente desde distintas áreas, la cantidad de usuarios inscriptos en los diferentes registros -RASE para gas y electricidad, formulario del ERAS para Aysa y de la Superintendencia de Servicios de Salud- fue notablemente menor a la prevista.
El Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) para gas y electricidad se lanzó a mediados del año pasado. De los 15,8 millones de hogares que reciben el servicio de energía eléctrica, 2,8 millones quedaron dentro del segmento de ingresos medios (17,8%) y 7,7 millones en el segmento de ingresos bajos (48,6 por ciento).
El segmento de ingresos altos -que ya debería haber comenzado a pagar la tarifa plena- quedó conformado por más de 5 millones de hogares.
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