Detectar a los lugares de reventa de cables y metales que se roban en la Región

El robo de cables pertenecientes a los servicios de telefonía fija, de internet y de electricidad, así como de tapas y otros elementos metálicos de las redes de agua y gas constituye un delito de alcance social que, una vez cometido, puede perjudicar a muchos vecinos de la Región. La incomunicación total y graves trastornos en la calidad de vida de la población son los resultados de este flagelo

La experiencia de muchos años muestra que los delincuentes actúan con una impunidad casi absoluta. En algunos de los casos, los vecinos perjudicados hablaron de la llegada de cuadrillas que, acompañadas por una suerte de vehículo de escolta, bajan escaleras, trepan a los cables, realizan maniobras de retiro y supuesto recambio –como si se tratara de operarios de una empresa de servicios- para retirarse tan sorpresivamente como llegaron y dejar a los vecindarios sin teléfonos o electricidad.

En el curso de este año, en dos oportunidades más de veinte manzanas de City Bell se quedaron al mismo tiempo sin teléfonos. Se les informó que se había registrado un robo de alambres de cobre y se llegó a temer que la empresa descartara restituir el servicio.

En ambos casos los reclamos de vecinos se extendieron durante semanas hasta que volvieron a funcionar los teléfonos. Cabe agregar que a los usuarios no dejó de ofrecérseles por parte de Movistar, en sustitución de la telefonía fija, el servicio alternativo de un celular. Reclamos parecidos por cortes de energía eléctrica, derivados de robos de cables en las redes, arreciaron en los últimos meses desde Los Hornos, del casco urbano, de la Zona Oeste, de Ringuelet, Gonnet, Villa Elisa y otros barrios y localidades.

El robo de cables y de otros elementos de las redes tiene, entonces, ese alcance de naturaleza colectiva, que debiera volverlo como un caso especial en la preocupación de las autoridades de seguridad, que, sin embargo, pareciera que se han resignado frente a esta verdadera epidemia de robos a los servicios públicos.

Sin duda que todo delito debe ser investigado y esclarecido. Lo que aquí se dice es que si las víctimas de una modalidad conforman a todo un barrio y pueden llegar a ser centenares o miles de pobladores, tal como suele ocurrir ya que se habla de vecinos que se quedan sin luz, sin teléfonos, sin agua o gas, la acción policial no debería demorarse en prevenir e impedir que esa modalidad se prolongue.

Lo cierto es que, lo que pareciera ocurrir hace años en la Región es que la Policía no elabora una estrategia eficaz, que -de una vez por todas- se dedique a investigar en dónde son vendidos los metales robados en nuestra zona. Se habla, claro está, de cortar la cadena delictiva por el eslabón más importante, que son los centros de reducción y reventa.

Hace algunos años se realizaron operativos en desarmaderos ilegales de la Región que permitieron detectar gran cantidad de metales, autopartes y cables de bronce robados, pudiéndose precisar que lo que había en los depósitos eran producto de los robos ya sistemáticos de cables y otros elementos de las redes de servicios públicos, así como de vehículos y otros objetos.

Lo mismo ocurrió años atrás cuando la modalidad delictiva en auge fue la de los robos de pasacasetes, neutralizada en buena medida cuando la policía y la justicia llegaron a los locales ilegales de venta de esos productos.

Está claro, entonces, que la mejor fórmula para encarar una lucha frontal contra este tipo de robo, que perjudica a tanta gente, parecer ser la de profundizar en la órbita policial las pesquisas y encontrar quienes comercializan esos productos.

Ello, sin perjuicio de que la policía coloque más efectivos y patrulleros en las calles y realice las mínimas tareas de inteligencia preventiva que esta ola delictiva merece.