Demanda millonaria: un platense llevará a Google a la Justicia

Un arquitecto de la ciudad de La Plata se prepara para demandar a Google por una suma millonaria, al considerar que la empresa violó de manera grave sus propias políticas de privacidad y seguridad, al exponerlo a una imputación penal por uno de los delitos más sensibles del Código Penal y provocándole un profundo daño personal, profesional y económico. La acción judicial se encuentra en su etapa final previa al sorteo de juzgado y tramitará en el Fuero Nacional Civil y Comercial.

El caso se remonta al 2022, cuando el profesional fue víctima de un acceso indebido a su cuenta de Gmail, utilizada de manera exclusiva para el desarrollo de su actividad laboral. Según pudo saber EL DIA, el usuario recibió una notificación por parte de Google alertando sobre “actividad sospechosa”, aunque ese aviso llegó cuando el hackeo ya se había producido y el control del correo electrónico había sido vulnerado.

A partir de ese acceso ilegal, también se vio comprometida su cuenta de Facebook. En ese contexto, comenzaron a cargarse en uno de sus perfiles un total de 13 imágenes de contenido pornográfico con representación de menores de edad, delito tipificado en el artículo 128 del Código Penal. No se logró determinar si la maniobra fue ejecutada por una persona en forma directa o mediante la utilización de un software malicioso, aunque sí quedó acreditado que el usuario nunca descargó ni subió voluntariamente ese material.

La actividad fue detectada por los sistemas automáticos de control y derivó en una denuncia de oficio ante el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), una organización con sede en San Francisco, Estados Unidos, que actúa como organismo de referencia internacional en este tipo de casos. A partir de esa presentación, se inició una causa penal en la Provincia de Buenos Aires contra el arquitecto.

El expediente quedó radicado en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°18 del Departamento Judicial de La Plata. En el marco de la investigación, el profesional fue formalmente imputado, citado a declarar y sometido a un proceso penal por un delito de extrema gravedad, con el riesgo concreto de quedar vinculado a un antecedente que podría haber tenido consecuencias irreparables en su vida personal y laboral.

Fuentes judiciales indicaron que, tras la realización de distintas medidas técnicas y periciales, se logró determinar que el imputado había sido víctima de un hackeo y que el contenido ilegal fue incorporado a sus cuentas sin su conocimiento ni consentimiento. Esa conclusión llevó finalmente al archivo de la causa penal, al quedar descartada cualquier responsabilidad del usuario.

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No obstante, el cierre del expediente no puso fin a las consecuencias del hecho. Durante todo ese tiempo, el arquitecto perdió el acceso a su cuenta de Gmail, una herramienta central para su trabajo diario. En ese correo se encontraban almacenados proyectos, documentación profesional, intercambios con clientes y material laboral que jamás pudo recuperar.

De acuerdo a lo informado por sus abogados, Lucas Ferrari Goñi y Nicolás Barbieri Sargiotti, Google no brindó ningún tipo de asistencia al damnificado. La única acción de la empresa fue el envío de la notificación automática por actividad sospechosa, sin ofrecer canales de ayuda personalizados, ni explicaciones posteriores para la recuperación de la cuenta. Incluso una vez archivada la causa penal, la plataforma mantuvo su decisión de no restituir el acceso.

La situación implicó, además, una exposición de la privacidad y de los datos personales del usuario, junto con un perjuicio psicológico. El arquitecto atravesó episodios de ansiedad y malestar emocional, además de afrontar gastos económicos derivados de su defensa penal y del impacto directo sobre su actividad profesional.

Con la mediación prejudicial ya cerrada sin acuerdo, la demanda civil avanzará contra Google y también contra Meta, Facebook Argentina. La acción será impulsada por los abogados Lucas Ferrari Goñi y Nicolás Barbieri Sargiotti y quedará radicada ante la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial, donde se reclamará un resarcimiento económico millonario.

El eje del planteo apunta a la falta de debida diligencia de las plataformas, que -según sostienen- no cumplieron con los estándares de seguridad y protección de datos que publicitan en sus políticas de privacidad.