Siguen las protestas y los cruces por la reforma constitucional en Jujuy

Comunidades originarias continuaban ayer, por tercer día, con permanencia y corte de la ruta nacional 9 a la altura de Purmamarca, al norte de Jujuy, en contra de la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales, quien lejos de llamar al diálogo mantiene, según lo acusan desde el Gobierno nacional, una “posición caprichosa” que demora la solución al conflicto. En cambio, recibió un fuerte apoyo de los principales contendientes presidenciales del PRO, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, llegó a Jujuy con la intención de dialogar con el mandatario por el conflicto social y además para tomar conocimiento de la situación procesal de los detenidos (ya liberados) y heridos tras la violenta represión policial del sábado pasado en Purmamarca.

Además, la Secretaría de Derechos Humanos emitió un comunicado donde observó que “no se encuentra garantizado el derecho a la protesta” en Jujuy y que “hay serio riesgo a la integridad física de quienes se encuentran manifestándose”, por lo que presentó un habeas corpus colectivo y preventivo.

En tanto, Morales, ratificó anoche en conferencia de prensa el artículo 67 de la reforma parcial de la Constitución provincial, la que -explicó- “prohíbe los cortes de rutas y calles” y la “ocupación de edificios públicos”.

A la vez anunció que planteará la “reconsideración” de otros artículos, el 36 y el 50, relacionados con derechos de los pueblos originarios, que volverán “a la vieja redacción”, tras reconocer “dudas” en las comunidades indígenas.

Preocupado por la negativa de Morales, Pietragalla advirtió que “si la posición de las autoridades políticas es radicalizar esa posición, esto puede terminar mal”.

En ese sentido, algunos sectores que llevan adelante el corte de la ruta 9 en la intersección con la ruta nacional 52, señalaron que son conscientes del reclamo “por sus derechos constitucionales sin modificaciones”, y exigen la presencia de las autoridades provinciales “para que expliquen las violentas represiones”.

“Estamos pidiendo algún tipo de reunión con las autoridades provinciales y no hay respuestas”, enfatizó Pietragalla, quien lamentó las acusaciones realizadas por Morales sobre un supuesto financiamiento político de las protestas.

atrapan a policías

En ese marco, en medio de la tensión que hay en Purmamarca, manifestantes atraparon a dos “policías de civil infiltrados”, los cuales “portaban armas de fuego” y ambos se habían mezclado con los sectores que protestan en la ruta, comentó un comunero. Los efectivos dieron otra versión, que los retuvieron los manifestantes.

Los dos efectivos fueron filmados y mostrados en redes sociales, rodeados por manifestantes, muchos de los cuales pidieron que no los agredieran para “demostrar que somos mejores que Morales”. Incluso aleccionaron a los efectivos para convencerlos de que pertenecían al mismo sector social al que les ordenaron reprimir.

La aprobación de la reforma parcial constitucional -se anunció para hoy la jura del texto- aumentó el clima de protestas que se venía advirtiendo en las calles con las marchas de docentes y otros sectores de trabajadores estatales, que junto a otras organizaciones sociales sostienen la consigna “arriba los salarios, abajo la reforma”.

“Lo que está haciendo Gerardo Morales es un ensayo por si ganan las elecciones”, alertó el diputado nacional de Unión por La Patria, Juan Carlos Alderete, al referirse a las modificaciones a la Carta Magna jujeña.

Los docentes jujeños realizan desde el domingo una permanencia con olla popular en el acceso sur de San Salvador de Jujuy, al costado de la ruta, en el marco de un plan de lucha que se extiende a otras ciudades de la provincia.

Asimismo, referentes de organismos de derechos humanos, movimientos sociales, diputados nacionales y dirigentes de la Central de Trabajadores Argentina (CTA) repudiaron “la brutal represión que está sufriendo el pueblo jujeño” y denunciaron el accionar de las fuerzas de seguridad del Gobierno de Morales.