Impulsada por el gobernador Gerardo Morales, la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, que prohíbe los cortes de calles y de rutas en la provincia, causó una ola de rechazos entre los sectores de los trabajadores, organizaciones sociales, desocupados y comunidades de pueblos indígenas. En la Cámara de Diputados, el propio Morales fue el presidente de la convención constituyente. El texto constitucional fue aprobado y jurado no sólo por los convencionales del oficialismo, sino también del Partido Justicialista, elegidos el 7 de mayo pasado.
Desde su nacimiento como proyecto, el oficialismo abrió una etapa de consultas con diversos sectores de la sociedad que emitieron su opinión en torno a las modificaciones a incluir, pues el nuevo texto abarca más de 60 artículos.
Sin embargo, los cuestionamientos a la reforma fueron en aumento, en especial en este mes, cuando las protestas de los estatales por salarios dignos sumaron a la consigna el “No a la nueva reforma”. Pero fueron las comunidades originarias las que levantaron la bandera de reclamo en gran parte de la provincia y esto se visibilizó con más fuerza en estos días con cortes de ruta para exigir directamente la anulación de la reforma constitucional oficialista.
Frente al conflicto y antes de la jura, Morales dio marcha atrás para revisar dos artículos, el 36 y el 50 (relacionados con derechos de los pueblos originarios), que ya habían sido aprobados y volvieron a la redacción vieja del ‘86.
A la vez ratificó el contenido del artículo 67 sobre la protesta social, que pone énfasis en los cortes de calles y piquetes.
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