Millonaria demanda de la examante de Juan Carlos I

La batalla judicial entre Juan Carlos de Borbón y su examante, la empresaria alemana Corinna Larsen, que le reclama unos 165 millones de dólares (146 millones de euros) por haberla “acosado” durante años, volvió ayer a un tribunal británico, encargado de dirimir cuestiones preliminares. Denunciando amenazas, intrusiones, seguimiento, pirateo y difamación, la empresaria de 58 años -divorciada de un príncipe alemán- presentó en octubre de 2020 una demanda civil en Londres, donde residía.

Según aseguró Adam Wolanski, nuevo abogado del rey emérito de España, Larsen reclama 126 millones de libras (unos 165 millones de dólares, 146 millones de euros) por daños psicológicos.En una vista preliminar ante la jueza Rowena Collins Rice, Wolanski argumentó que el caso no puede ir a juicio por falta de jurisdicción y fallas de forma y procedimiento.

Aseguró que, según la demandante, esta sufrió “pérdidas de negocios debido al daño hecho a su reputación”. Pero alegó que la ley británica de protección contra el acoso (Protection from Harassment Act, PHA) de 1997 excluye el “daño de la reputaciónl”.

Afirmó asimismo que los tribunales ingleses no son competentes para juzgar actos en lugares como Mónaco y Suiza: “la conducta de acoso en el extranjero cometida por una persona que no tenga nacionalidad británica ni resida habitualmente en Inglaterra y Gales no está comprendida en (...) la PHA”. Denunció asimismo que Larsen modificó su demanda hasta once veces.

La alemana asegura que el exmonarca, ahora de 85 años, con quien mantuvo una relación extramatrimonial entre 2004 y 2009, la hostigó desde 2012 buscando recuperar “regalos” que incluyen 65 millones de euros (73 millones de dólares). Entre otros ataques, denunció “entradas ilegales” en sus domicilios, “la perforación de un agujero en la ventana de su dormitorio mientras dormía”, el 21 de junio de 2017, y disparos a sus cámaras de seguridad, el 14 de abril de 2020.

Juan Carlos niega “enfáticamente” las acusaciones, pero sus abogados llevan dos años intentado impedir que se juzgue el fondo de la causa. Alegaron que como jefe de Estado y miembro de la Casa Real tenía inmunidad en Inglaterra, lo que el Tribunal de Apelación acabó concediendo el pasado diciembre, aunque únicamente hasta su abdicación el 18 junio de 2014.

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Los abogados de Larsen aseguran, sin embargo, que el presunto acoso fue más importante a partir de esa fecha. Pero Wolanski argumentó ayer que la regla de prescripción limitaría el eventual juicio a actos acontecidos a partir de seis años antes de la presentación de la demanda, es decir el 16 de octubre de 2014.

DEL RESPETO AL DESPRESTIGIO

Nombrado jefe de Estado en 1975 a la muerte del dictador Francisco Franco, Juan Carlos I fue respetado durante décadas por permitir el retorno de la democracia a España. Pero una multiplicación de escándalos a partir de 2012, incluida la relación con Larsen, conocida a raíz de un viaje a Botsuana para cazar elefantes, derrumbaron su imagen. En junio de 2014 acabó abdicando a favor de su hijo, Felipe VI, que desde entonces se ha distanciado de él.

Posteriores revelaciones de Larsen sobre presuntas malversaciones llevaron al rey emérito a exiliarse, en agosto de 2020, a los Emiratos Árabes Unidos. La fiscalía española archivó en marzo de 2022 las investigaciones sobre el opaco origen de su fortuna.

También la justicia suiza cerró en diciembre de 2021 una investigación sobre sus bienes, incluidos unos 100 millones de dólares pagados por Arabia Saudita a la Fundación Lucum, vinculada al exrey, de donde salió el “regalo” monetario a Larsen.

A partir de 2012, Juan Carlos “exigió la devolución de los regalos”, fue “amenazante” y organizó una “vigilancia encubierta y abierta” con la participación de los servicios secretos españoles, incluido su entonces director, el general Félix Sanz Roldán, denunció la examante.

Wolanski se apoyó ayer en este hecho para asegurar que en 2012 Larsen atribuyó “la campaña de hostigamiento” a Sanz Roldán y a “facciones de la Casa Real”, no a Juan Carlos.

Posteriormente, su colega Alexander Thompson argumentó que “los actos de órganos del Estado” gozan de “inmunidad”.

Larsen envió cartas al propio Felipe VI, y a su esposa Letizia, amenazando con difundir informaciones dañinas para la monarquía, aseguró Wolanski. Pero nunca escribió para notificar su querella, subrayó.

Las vistas preliminares se prolongarán hasta el viernes. Hoy miércoles iniciará sus argumentos Jonathan Caplan, abogado de la empresaria.