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El asesinato a tiros del candidato presidencial Fernando Villavicencio profundizó los temores sobre el avance de los narcos en el país y la búsqueda de impunidad
El reconocimiento a Villavicencio y la condena a los narcopolíticos / AFP
El asesinato a tiros en Ecuador del candidato presidencial Fernando Villavicencio, a la salida de un acto político, en plena calle y rodeado de policías y simpatizantes, ahondó la percepción que tienen los ecuatorianos de vulnerabilidad ante la acción criminal que se ha desatado en los últimos tres años en el país.
Villavicencio había denunciado amenazas en su contra que atribuyó a un grupo criminal local relacionado con el cártel mexicano de Sinaloa y llevaba resguardo policial y seguridad privada.
El asesinato del candidato presidencial elevó el impacto de la violencia y pone el foco en las acciones del gobierno para recobrar el control del territorio.
Frente este panorama, es clave explicar el trasfondo de la ola de muertes violentas de los últimos tres años y las eventuales conexiones entre el crimen organizado y la política.
El candidato presidencial denunció durante la campaña electoral que había recibido amenazas del grupo delictivo conocido como los Choneros y de su líder, alias Fito, a quien se relacionó con el cártel mexicano de Sinaloa. Según Villavicencio, tanto él como su equipo de campaña estaban en riesgo de muerte si seguía mencionando a Fito en sus declaraciones públicas.
“Ustedes son mi chaleco antibalas, yo no necesito, ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes”, pronunció el candidato en un acto en Chone, precisamente el territorio original de la banda de los Choneros. “Vengan, aquí estoy, dijeron que me iban a quebrar, aquí estoy... Que vengan los capos del narco, que vengan los sicarios”, proclamó Villavicencio vestido solo con una camisa azul.
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Su lema de campaña “Es tiempo de valientes” aludía a su propuesta de luchar contra la corrupción y la acción del crimen organizado, si llegaba al gobierno, haciendo una depuración de las fuerzas de seguridad.
Ya había informado también amenazas a su familia cuando dispararon contra la residencia de su familia en Quito en septiembre del año pasado.
La Fiscalía informó tras el asesinato, que seis personas fueron detenidas en allanamientos en Quito. Se concedio que los seis eran de nacionalidad colombiana.
El presidente Lasso dijo tras el ataque que el crimen organizado está detrás del crimen
Un sospechoso, aprehendido tras un intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad, murió después al ser trasladado a dependencias judiciales.
No se dieron a conocer las identidades de ninguno de los presuntos implicados. Las autoridades ecuatorianas tampoco informan sobre líneas de investigación ni sobre los motivos. El presidente Lasso dijo poco después del ataque que el crimen organizado está detrás del crimen, aunque no dio ningún detalle.
El mandatario publicó en la red social X, antes llamada Twitter, que apoyó al FBI estadounidense en la investigación del asesinato de Villavicencio y que la agencia federal apoyó la petición “y en las próximas horas una delegación llegará al país”.
En el contexto de violencia que azota a Ecuador en los últimos tres años y que el gobierno atribuye a la lucha de territorio entre bandas relacionadas con el narcotráfico, el asesinato del candidato presidencial es el ataque a una de las figuras de mayor público hasta ahora. Pero no el único.
El 23 de julio pasado, el alcalde de la tercera ciudad más grande del país, Manta, fue asesinado también a tiros en un recorrido por un populoso barrio. Agustín Intriago había sido reelegido en las últimas elecciones municipales de febrero pasado y gozaba de gran popularidad, precisamente, por sus declaraciones abiertas y acciones de lucha contra el crimen.
Intriago era uno de los ocho alcaldes que, por análisis de seguridad, llevaba resguardo policial.
Durante la campaña electoral de esas elecciones municipales, hubo al menos 15 ataques dirigidos a los entonces candidatos, la mayoría en las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas, donde las autoridades aluden que hay más presencia de bandas de narcotráfico.
Entre los ataques, se produjo el asesinato de Julio César Farachio, de 45 años, candidato en Salinas, una localidad cercana a Guayaquil. Fue acribillado por un sicario durante un recorrido electoral.
Políticos y autoridades han declarado públicamente sus sospechas por presuntos vínculos entre la clase política y el crimen organizado, pero solo Villavicencio denunció en enero de este año ante la Fiscalía a 21 candidatos a alcaldes por presuntos nexos con el narcotráfico y seguridad haber entregado información sobre financiación que respaldaba la acusación.
El entonces asambleísta aseveró que gran parte de las organizaciones políticas de Ecuador “están contaminadas con recursos provenientes de estructuras delictivas vinculadas a la minería ilegal, al narcotráfico y la corrupción”. Dijo que no actuó de forma aislada sino que “son parte de una misma estructura delictiva”.
No obstante, no ha trascendido ninguna sentencia o consecuencia judicial alguna tras la denuncia presentada.
Autoridades de gobierno atribuyen la violencia que inició en las cárceles, con un motín sangriento simultáneo en tres centros penitenciarios en 2021 y que dejó 79 reo asesinados, a la muerte un año antes de Jorge Zambrano, alias “Rasquiña”, líder de los Choneros. Su desaparición dejó un vacío de poder que se disputan varios grupos delincuenciales.
Desde entonces, ha habido más de una decena de enfrentamientos en las cárceles con 400 presos muertos. La violencia saltó a las calles, donde crecieron los secuestros, asesinatos, sicariatos, robos y extorsiones que sumen a la población en un clima de temor y desprotección.
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