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”Quien no trabaje, no cobrará”, advirtió el vocero presidencial. En el Ejecutivo bonaerense se desmarcan y darán “vía libre”
El gobierno nacional descontará el día a los empleados estatales que adhieran al paro general del 24 de enero convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra las políticas de Javier Milei. Así lo anunció ayer el portavoz presidencial, Manuel Adorni: “Se ha tomado la decisión de descontar el salario a todos los empleados estatales nacionales que adhieran a la medida. El salario es una contraprestación y quien no trabaje, no cobrará“, dijo el funcionario sobre la decisión que choca con lo que en la Provincia resolvió el gobernador, Axel Kicillof. En el Ejecutivo bonaerense, en cambio, se anticipó que se les dará vía libre a los trabajadores del sector público que se sumen a la protesta y que no se les devengará del salario la jornada no trabajada.
De nuevo, quedan expuestas las diferencias políticas entre la administración de Kicillof y la Casa Rosada.
En este marco, Adorni calificó de “infantiles” las razones esgrimidas por los líderes de la CGT para llamar a la medida de fuerza y confirmó la decisión de abrir una línea telefónica anónima para “todos aquellos que se sientan extorsionados, amenazados, obligados a parar” y quieran denunciarlo.
El vocero presidencial indicó también que el Gobierno continúa “esperando argumentos para el paro” programado por la central obrera porque, a su criterio, “no termina de quedar claro” el motivo de la medida de fuerza.
Según Adorni, “no existe razón para el paro” e insistió: “No los entendemos (a los líderes sindicales)”.
En la vereda de enfrente, desde el gobierno bonaerense adelantaron que la Provincia dará vía libre a los trabajadores de la administración pública que adhieran al paro general y quieran movilizar junto con las principales centrales obreras. En ningún caso, se aclaró, se les descontará el día por no trabajar para participar de la protesta contra el controvertido decreto y la Ley Ómnibus que Milei envió al Congreso.
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Más allá del respaldo implícito del Gobernador a la movilización impulsada por la CGT, la decisión de no descontar el día fue acordada con los gremios estatales en la reunión paritaria que tuvo lugar días atrás.
En esa instancia de negociación -que terminó de cerrarse el lunes con un aumento por decreto del 25% para todo el sector público-, referentes de ATE, UPCN y docentes pidieron que no aplicaran descuentos salariales para quienes decidieran participar del paro. Algo a lo que Kicillof accedió.
Esto, pese a que en un principio los gremios consideraron “insuficiente” el incremento del 25% que les otorgó el Gobernador para el tramo diciembre 2023-enero 2024. Es que son los propios estatales los que, junto con Kicillof, vienen motorizando el funcionamiento de las llamadas mesas multisectoriales de la Provincia, donde se trazan líneas de acción y estrategias a seguir contra las políticas de desregulación económica que propone el gobierno libertario. De esos espacios de discusión participan, entre otras organizaciones, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la UTEP y gremios de la CGT que el próximo 24 de enero se plegarán a la huelga nacional.
Lo harán convencidos de que las iniciativas de Milei “atacan derechos individuales, derechos colectivos, limitan la acción sindical en el momento de mayor desigualdad del país y, por supuesto, debilitan a los sindicatos y ataca las economías regionales”, según advirtió Héctor Daer, uno de los líderes de la CGT, al ratificar el paro.
Apuntó, en ese sentido, contra el decreto que restringe el derecho a huelga y contempla la posibilidad de elegir nuevos mecanismos de indemnización. A su vez, habilita a los trabajadores a dirigir sus aportes en forma directa a prestadores de salud privada en vez de hacerlo a través de obras sociales sindicales como hasta ahora, lo cual afecta una importante caja de recursos para el sector.
Pero el megadecreto está enfrentando contratiempos en la justicia por las demandas iniciadas por la CGT y otras centrales sindicales. En tanto que el proyecto de Ley Ómnibus es debatido en comisiones del Congreso y encara un futuro incierto, ya que el oficialismo está en clara desventaja numérica tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, ayer, en conferencia de prense
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