Qué se sabe de la denuncia contra Julio Garro por desarrollos inmobiliarios locales

Una denuncia contra la gestión del exintendente Julio Garro fue radicada en las últimas horas. Según pudo saber este diario, desde la actual gestión municipal se lo acusa de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” en el marco de los distintos desarrollos inmobiliarios que fueron autorizados, por los cuales se habla de presuntas ganancias estimadas en mil quinientos millones de dólares.

EL DIA se comunicó con el exjefe comunal, quien se comprometió a opinar sobre la denuncia una vez que analice la presentación y sus fundamentos.

La presentación la hizo Marina Mongiardino, actual presidenta del Colegio de Abogados de La Plata, en su rol de Secretaria de Justicia municipal. En el escrito al que accedió EL DIA se indica que se trata de una “denuncia penal contra los funcionarios públicos del Departamento Ejecutivo Municipal de la gestión extendida desde el 10 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre de 2023 por los posibles delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (Art. 248 del Código Penal argentino), al cometer una serie de irregularidades gravísimas desobedeciendo la orden expresa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de no autorizar urbanizaciones sin la obligatoria convalidación legal y técnica prescripta por la normativa vigente (cfr. art. 83, Decreto-Ley 8912/77). Normativa no cumplida por el Ejecutivo municipal anterior, permitiendo de este modo urbanizaciones ilegales sin cumplir con las leyes provinciales, y perjudicando tanto al erario público como a los habitantes de la Ciudad”.

Asimismo, el documento expresa: “Deberá investigarse la omisión deliberada de los controles necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y la facilitación de dichos desarrollos que podría implicar la omisión de Incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 249 del Código Penal argentino), al hacer caso omiso a las reiteradas objeciones efectuadas por la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano Territorial de la Provincia de Buenos Aires”.

Y agrega que “de forma obligada, y como contrapartida del irracional accionar del Poder Ejecutivo Municipal de la gestión pasada, y presumiendo la existencia de beneficios económicos personales o de terceros por permitir estos desarrollos ilegales, podría también investigarse la posible comisión de delitos de Enriquecimiento ilícito (Art. 268 del Código Penal) o Cohecho (Art. 256 del Código Penal argentino).

En este sentido, considerando la existencia de ganancias estimadas en US$ 1.500.000.000 (mil quinientos millones de dólares)”por los loteos con servicios en violación de la normativa provincial y desoyendo las reiteradas objeciones del gobierno provincial, se podría presumir la comisión de delitos de corrupción que permitieron el avance desenfrenado de urbanizaciones ilegales en zonas donde no se contemplaba -ni se permitía- la creación de estos”.

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“Por último, y dado el avance de urbanizaciones ilegales sobre zonas rurales que no amparaban la urbanización -continúa la denuncia-,valga la redundancia, de las mismas entre las cuales podemos encontrar zonas frutihortícolas con la zona más fértil de Latinoamérica, deberá investigarse también la posible comisión Delitos Ambientales, en violación a la ley 12.076, también conocido como Código de Faltas Ambientales –que establece sanciones y multas para aquellos que realicen actividades que perjudiquen el medio ambiente, tales como el vertido de sustancias peligrosas, la tala ilegal de árboles, la contaminación del agua o del aire, y otras conductas que puedan degradar el entorno natural de la Provincia-, como así también la violación a la ley 11.723 que es uno de los pilares de la protección del medio ambiente en la Provincia de Buenos Aires, regulando aspectos como la preservación de los recursos naturales, la calidad ambiental y el uso sustentable del territorio”.

En el escrito judicial aseguran que la presunta maniobra “permitió y promocionó una cantidad desproporcionada de barrios cerrados”.