Qué se sabe del allanamiento a la sede municipal por denuncias de la AFIP en 2017
Edición Impresa | 22 de Noviembre de 2024 | 04:30

El desembarco de un grupo de agentes de la Policía Federal Argentina en la Municipalidad de La Plata generó revuelo en horas de la mañana de ayer, cuando oficinas clave del edificio ubicado en 12 entre 51 y 53 fueron allanadas por efectivos de esa fuerza de seguridad en el marco de una causa penal relacionada con la contratación de cooperativas por parte de la gestión del exintendente Julio Garro. La investigación se remonta al año 2017 y, de acuerdo a lo que pudo saber EL DIA de fuentes judiciales, se inició con distintas denuncias presentadas por la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que le apuntó a maniobras con “facturas apócrifas”.
La orden judicial para allanar el Municipio partió del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, quien solicitó documentación vinculada a “contratos suscriptos en el período 2017-2018 entre el Municipio y cooperativas (...) que no han mantenido vínculo” con la actual administración, según aclaró un breve comunicado difundido por la Comuna.
Los voceros judiciales consultados por este diario abundaron que lo que se busca dilucidar tiene que ver con “varias denuncias que se acumularon y que fue radicando la AFIP por cooperativas que presentaban comprobantes denunciados en la base de facturas apócrifas” y que había “denominadores comunes, en cuanto a su constitución y funcionamiento”, lo que llevó a los investigadores a considerar que podría haber una única maniobra.
Las fuentes agregaron que se trata de cooperativas “que también figuran como proveedoras de la Municipalidad” y que a eso se debió el operativo de ayer. Las tareas de los efectivos federales, se detalló, incluyeron el ingreso a las áreas de Tesorería y Contabilidad “para buscar información relativa a contrataciones, suministros, etc”.
Mientras, desde el Palacio de calle 12 se mostraron dispuestos “a colaborar con la causa” e indicaron que “la información solicitada con urgencia por las autoridades policiales será recopilada para su inmediata entrega a la Justicia”. Aclararon que no hubo aviso previo sobre el procedimiento. “De haber existido, la documentación requerida se habría presentado mediante los canales habituales”, completaron.
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