El juez federal Ariel Lijo ordenó una serie de medidas para investigar el viaje que realizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval, en el marco de una causa que busca determinar si existieron irregularidades en el financiamiento del traslado.
La investigación se inició a partir de un pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien intenta establecer si en ese viaje —realizado entre el 12 y el 17 de febrero— pudo haberse configurado un delito de dádivas o enriquecimiento ilícito.
En ese contexto, Lijo solicitó al Gobierno nacional que informe si el funcionario cumplía alguna misión oficial durante su estadía en Uruguay. El requerimiento fue dirigido a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, a fin de determinar si existe documentación vinculada a una eventual comisión de servicio, autorización oficial, asignación de viáticos o rendición de gastos relacionados con el viaje.
Además, el magistrado dispuso levantar el secreto fiscal de la productora televisiva Imhouse S.A., vinculada al periodista Marcelo Grandio —quien habría alojado a Adorni y su familia en su residencia en Uruguay— y también del piloto corporativo Agustín Issin Hansen, señalado como responsable de la contratación del vuelo.
Según consta en la causa, el traslado se realizó en una aeronave privada de la empresa Alpha Centauri S.A. El vuelo de ida tuvo un costo de 4.830 dólares, mientras que el regreso formó parte de un paquete de diez viajes cuyo valor total asciende a 42.250 dólares.
Como parte de las medidas de prueba, el juez también requirió a los organismos que operan en el aeropuerto de San Fernando la entrega de toda la documentación disponible, incluyendo registros de cámaras de seguridad y movimientos vinculados al viaje.
En paralelo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá remitir un informe detallado sobre la situación fiscal, patrimonial y financiera de la firma Imhouse desde enero de 2023 hasta la actualidad.
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