Sigue el avance del sistema de juicios por jurados, pero opacado por fallas previas

Por un lado, graves deficiencias en la etapa de instrucción e investigación de los homicidios y otros graves delitos. Por el otro, la aplicación del sistema de juicio por jurados, sancionado hace pocos años en la Provincia, que durante décadas suscitó debates doctrinarios y recelos procesales, pero que desde que se instauró vino demostrando facetas muy positivas.

Los juristas no han dudado en marcar el grado de enorme atraso que afecta a la administración de Justicia penal en nuestro país, con procesos que se demoran más de lo debido y que postergan, por consiguiente, la emisión de sentencias. Se sabe que es enorme la cantidad de personas procesadas que pasan largo tiempo detenidas, sin sentencia firme.

En cuanto al sistema de juicio por jurados, puesto en práctica en la Provincia entre octubre y noviembre de 2014, vino exhibiendo positivos avances y con razón se ha dicho que no sólo puede servir para descongestionar al fuero penal país del sistema sino, también, para irradiar en la población principios de mayor responsabilidad ciudadana, según coinciden los especialistas.

Tal como se reseñó en esta columna, directivos de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados (AAJJ) –una de las entidades impulsoras de este tipo de juicio previsto en la Constitución Nacional de 1853- dijeron que su puesta en vigencia en varios distritos federales no se tradujo en ningún tipo de deficiencia o escándalo procesal sino que se asimiló casi naturalmente a la dinámica judicial. El funcionamiento del juicio por jurados depende de cada provincia.

Se está frente a una mecánica de procesamiento que, como es lógico suponerlo, tendrá avances paulatinos hasta que en la práctica se asiente. El gradualismo en su aplicación en nuestra provincia quedó garantizado por la cláusula procesal prevista, que dispone que este tipo de juzgamiento es un derecho que le asiste al acusado, que puede elegir o no ser juzgado por ciudadanos comunes en el caso de que se encuentre imputado de un delito que prevea penas mayores a los quince años de prisión.

En encuestas realizadas a jueces, fiscales y defensores oficiales quedó asentada la conclusión de que el juicio por jurados está modificando las prácticas y empujando a que la Justicia cumpla cabalmente con su función, en especial a partir de un sistema verdaderamente acusatorio. Por ejemplo, ahora los defensores cambian la forma en la que preparan un caso y las estrategias con que litigan y los fiscales, a su vez, cumplen un rol mucho más activo.

Asimismo, los defensores del sistema -que se puso en vigencia en nuestro país, por primera vez, en Córdoba en 1991 y mucho después en otras jurisdicciones- siempre enfatizaron que, con el juicio por jurados, se permitió a la sociedad que pueda participar en una materia tan delicada como lo es la seguridad, convirtiendo a cada miembro en soberano en cuanto al juzgamiento penal de los procesados. Esas luces que se encienden para iluminar una mejor administración de justicia, no debieran, entonces, verse eclipsadas por las demoras que afectan a las etapas investigativas de los delitos y que eternizan los juicios.