Pergamino: proponen sanciones más duras por faltas graves de tránsito

Este martes, el concejal Ignacio Maiztegui presentará en el Concejo Deliberante de Pergamino un proyecto de ordenanza que propone un régimen especial de allanamientos, secuestros, decomisos e inhabilitaciones ante la comisión de faltas graves de tránsito. La iniciativa surge en respuesta al creciente aumento de infracciones y tiene como objetivo brindar al municipio y al Juzgado de Faltas herramientas más eficaces para actuar frente a maniobras peligrosas que ponen en riesgo la seguridad y la salubridad pública.

“Basta con salir un rato todos los días a la calle para ver la cantidad de infracciones que se cometen”, advirtió Maiztegui, autor de la propuesta. En diálogo con LA OPINIÓN, sostuvo que los problemas de tránsito “se han potenciado, sobre todo, en los últimos años” y requieren medidas firmes. “Yo siempre trato de darle mucha importancia al uso responsable del espacio público —sostuvo—, pero en este caso también hablamos de salubridad y seguridad, no solo de quien conduce sino de terceros, porque muchas de estas maniobras ponen en riesgo la vida de los demás”.

El texto del proyecto incluye más de una decena de artículos que regulan desde la prohibición de circular en zonas no habilitadas hasta la posibilidad de ingresar a propiedades privadas para secuestrar vehículos involucrados en infracciones graves.

Entre los principales puntos, el Artículo 2° prohíbe la circulación de vehículos a motor “sobre veredas, en plazas, parques, espacios verdes, bicisendas, caminos peatonales y todo otro espacio público o privado con acceso público destinado a fines recreativos y/o de esparcimiento”. Estas conductas serán consideradas “faltas graves” y podrán derivar en multas y retención del vehículo.

El Artículo 4° califica como “altamente nocivas y temerarias” las maniobras imprudentes o de destreza —como picadas o “wheelies”—, así como conductas evasivas ante controles. “Son maniobras que pueden terminar en tragedia. Lo vimos con el caso de Marcos Gorbarán, el joven que murió en el terraplén atropellado por dos personas que venían haciendo wheelies”, recordó el concejal.

En el Artículo 6°, se establecen sanciones que incluyen arresto, suspensión o inhabilitación preventiva para conducir, además de multas que van de 250 a 2.500 módulos, con duplicación en caso de reincidencia. También se prevé la retención de licencias y el secuestro de los vehículos.

Los Artículos 8° y 9° introducen una de las medidas más innovadoras: la facultad del Juez de Faltas para disponer allanamientos, secuestros y decomisos “en virtud de razones de salubridad y seguridad pública”. En casos de flagrancia o fuga, los agentes municipales podrán intervenir junto a la Policía y rendir cuentas al Juzgado en un plazo de 24 horas.

“Esto es innovador para el orden local”, destacó Maiztegui. “Se apoya en la Constitución de la Provincia y la Ley Orgánica de las Municipalidades, que permiten agravar penas y disponer medidas excepcionales cuando están en juego la seguridad y la salubridad”.

El edil también subrayó el carácter ejemplificador de las sanciones económicas: “Estamos planteando multas que van desde un millón y medio hasta quince millones de pesos, además del secuestro y decomiso del vehículo y la posibilidad de inhabilitar licencias por hasta seis meses”.

Para garantizar la validez legal del texto, Maiztegui explicó que revisó toda la normativa vigente: “Tuve que revisar toda la legislación —admitió— porque cuando uno habla de allanamientos, enseguida se piensa que el municipio no tiene competencia. Pero sí la tiene, si se enmarca en la protección de la salud y la seguridad pública”.

El concejal enfatizó que el problema trasciende lo normativo y tiene un componente cultural. “Esto atraviesa a todas las generaciones y clases sociales. No tiene que ver con desconocimiento, sino con falta de respeto por las normas y por el otro”, señaló.

Según Maiztegui, el tránsito debe entenderse como un espacio de convivencia y responsabilidad compartida: “Cuando hablo del respeto por el otro, hablo del uso responsable del espacio público. Ser capaces de convivir implica cumplir las reglas y respetar los derechos de los demás. Porque cualquiera de estas maniobras temerarias puede terminar en tragedia”.

Además, aclaró que la propuesta no reemplaza las acciones preventivas ya existentes, como campañas y capacitaciones de educación vial, sino que las complementa. “Esto es una herramienta más. No anula lo que se hace desde el área de Tránsito o Seguridad, sino que les da más herramientas a quienes tienen que prevenir y actuar”.

El proyecto se fundamenta en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, la Ley Provincial 13.927 y los artículos 24° de la Constitución bonaerense y 108° del Decreto-Ley 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades), que otorgan a los municipios la potestad de dictar regímenes específicos en materia vial.

Finalmente, la iniciativa busca proteger la integridad física y la vida de las personas, cuidar la salubridad pública y reducir la contaminación sonora provocada por “cortes” y escapes libres. “Los ruidos molestos también son parte del problema. Son manifestaciones de una conducta que no respeta las reglas básicas de convivencia”, concluyó Maiztegui.