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El anuncio de Donald Trump, ordenando al Ejército estadounidense retomar las pruebas nucleares después de más de tres décadas de suspensión, reavivó las imágenes más sombrías de la Guerra Fría: la carrera por la supremacía atómica, las amenazas cruzadas y el fantasma de la destrucción mutua asegurada.
El mundo había intentado dejar atrás esa lógica con la firma del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT), acordado en los años noventa, cuyo espíritu buscaba detener el ciclo de prueba, respuesta y represalia. Sin embargo, el tratado nunca entró formalmente en vigor porque no fue ratificado por todos los países clave, entre ellos, Estados Unidos.
Con su declaración, Trump no solo desafía esa tradición tácita de autocontención, sino que reabre una discusión estratégica en la comunidad de seguridad internacional: ¿es posible sostener la “paz a través de la fuerza” sin volver a experimentar con el arma más destructiva que la humanidad ha creado?
Según explicó el propio mandatario, la decisión se basa en que “otros países están realizando pruebas nucleares”. Pero los hechos lo desmienten: en las últimas tres décadas, el único país que ha hecho detonar armas atómicas de forma sistemática fue Corea del Norte, cuya última prueba se registró en 2017.
Rusia no realiza ensayos desde hace 35 años, y China no desde 1996, aunque mantiene su base de Lop Nur en estado de preparación.
La confusión de Trump parece radicar en la reciente exhibición de nuevos sistemas rusos de lanzamiento nuclear, como el misil de crucero de propulsión nuclear y el torpedo Poseidón, ambos diseñados para eludir las defensas antimisiles estadounidenses. Ninguno de esos ensayos implicó una explosión nuclear real, pero fueron interpretados por el presidente como una provocación.
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La comunidad científica y militar de Estados Unidos no comparte la necesidad de volver a probar su arsenal. Desde 1992, la fiabilidad de las armas nucleares se evalúa mediante modelos de simulación, supercomputadoras y laboratorios experimentales que permiten detectar fallas sin recurrir a detonaciones reales.
El propio Brandon Williams, funcionario designado por Trump para supervisar los programas nucleares, afirmó en su audiencia de confirmación que no recomendaba retomar las pruebas y que el país debía “basarse en la información científica disponible”.
Sin embargo, el argumento político —mostrar determinación y poder frente a China y Rusia— parece haber pesado más que el técnico.
El vicepresidente JD Vance defendió la decisión alegando que las pruebas permitirían “verificar que las armas funcionan correctamente”, aunque admitió que no existen dudas sobre su operatividad.
El anuncio llega en un momento particularmente sensible: faltan menos de 100 días para que expire el último tratado de control de armas vigente entre Washington y Moscú, que limita el tamaño de sus arsenales.
Reanudar las pruebas podría provocar un efecto dominó, dando cobertura política a otros países para hacer lo mismo. Rusia y China, que mantienen centros de prueba operativos, podrían responder rápidamente, mientras que Estados Unidos debería reconstruir gran parte de su infraestructura en el desierto de Nevada, deteriorada tras tres décadas de inactividad.
Durante su primer mandato, Trump ya había impulsado un plan para reducir los tiempos de preparación de posibles ensayos de varios años a solo seis meses. Ese objetivo, considerado poco realista por los expertos, reapareció en el Proyecto 2025, la plataforma estratégica de la derecha estadounidense, que promueve pasar a un “estado de alerta inmediata” para otorgar al presidente mayor flexibilidad militar.
Los principales científicos del complejo nuclear estadounidense sostienen que el país no necesita realizar pruebas explosivas para mantener su ventaja militar.
Las simulaciones con láseres de alta potencia y sistemas de rayos X gigantes permiten recrear condiciones extremas con precisión sin poner en riesgo los compromisos internacionales.
Siegfried Hecker, exdirector del laboratorio de Los Álamos, advierte que volver a las pruebas sería un error estratégico: “Podemos aprender cosas con las pruebas, pero tenemos mucho más que perder que ganar. Nuestra ventaja radica en que otros no pueden experimentar sin exponerse”.
En efecto, la superioridad tecnológica estadounidense se apoya en la capacidad de verificar, no de detonar. Si el país rompe el consenso tácito que él mismo ayudó a construir, legitimará la reanudación de una carrera nuclear global que solo puede conducir a mayor inestabilidad.
Más que una necesidad militar, la decisión de Trump parece un gesto político destinado a recuperar un lenguaje de poder y grandeza nacional que remite a los años más duros de la Guerra Fría. Pero en un mundo donde la disuasión ya no se mide por el número de explosiones, sino por la capacidad de control y previsión, su anuncio suena a una mirada hacia atrás más que hacia adelante.
La reanudación de los ensayos no solo desafiaría los tratados, sino que erosionaría la confianza internacional en el liderazgo estadounidense, alimentando la desconfianza entre potencias y debilitando el frágil equilibrio nuclear global.
El mayor riesgo, concluyen los analistas, no es la bomba en sí, sino la política del espectáculo atómico: aquella que vuelve a medir el poder no por la contención, sino por la capacidad de hacer temblar la tierra.
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