Litigio en el directorio de la “Nueve de Julio”

La empresa Nueve de Julio S.A.T., una de las históricas operadoras del servicio de colectivos en La Plata, atraviesa uno de los episodios más tensos de sus 80 años de trayectoria. Tras un enfrentamiento interno marcado por denuncias de violencia, maniobras irregulares y acusaciones de fraude societario, la Justicia Civil dispuso restituir en su cargo al presidente de la firma, Walter Mastropietro, quien había sido apartado durante noviembre en un operativo que su defensa describe como un “golpe institucional”.

La medida cautelar fue dictada por el Juzgado Civil y Comercial Nº 8 y ejecutada con la presencia de un oficial de Justicia. La presentación había sido impulsada por los abogados Pablo Grillo Ciocchini - en el fuero civil - y Marcelo Peña, quien también actúa como patrocinante en la causa penal que investiga lo ocurrido.

Según relató Peña, el desplazamiento se produjo cuando algunos socios minoritarios ingresaron por la fuerza a las oficinas, rompieron cerraduras y agredieron tanto al presidente como a su hija y a empleados que estaban trabajando”.

En ese contexto, habrían redactado un acta interna para declararse como mayoría y remover a Mastropietro.

El episodio derivó en una denuncia que se tramita en la fiscalía Nº 17, a cargo de Eugenia Di Lorenzo, donde se investigan lesiones, amenazas, usurpación y fraude a la administración societaria. Peña señaló además la intervención de un empresario del rubro, Gabriel Cassinotti, imputado en la causa conocida como la “banda de los jueces”, que según sostiene habría actuado “infiltrado” para favorecer intereses externos.

El abogado afirmó que, durante las dos semanas en que los socios minoritarios detentaron el control, “se registraron movimientos económicos altísimos con precios irrazonables” y presuntos intentos de cerrar acuerdos laborales millonarios sin autorización, buscando - según sostuvo - “beneficiar a determinadas personas en detrimento de la empresa”.

Al recuperar el mando, la defensa advirtió un “vaciamiento financiero” y la desaparición de documentación clave. Por eso solicitaron la intervención de un escribano y anunciaron que ampliarán la denuncia penal. También pedirán cruces telefónicos de funcionarios, empresarios y particulares, al considerar que la maniobra podría formar parte de “una asociación ilícita orientada a forzar el control y eventual venta de la empresa”.

Pese a la situación, la firma Nueve de Julio mantiene su prestación habitual. La compañía opera actualmente las líneas municipales 508 y 561, y las provinciales 215, 225, 414 y la Línea Universitaria, conectando La Plata con Berazategui y Florencio Varela.

Si bien la medida cautelar restableció la conducción original, el clima interno continúa convulsionado.

Ahora, la principal expectativa está puesta en las pericias, auditorías y medidas que la Justicia podría ordenar para determinar el alcance del conflicto y establecer responsabilidades.