La Justicia de La Plata pidió la prisión preventiva para Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, los dos empleados del Senado bonaerense acusados de múltiples abusos sexuales contra jóvenes militantes y trabajadoras legislativas, en un caso que generó fuerte impacto institucional y político.
El requerimiento fue presentado por la fiscal Betina Lacki ante el juez de Garantías Juan Pablo Masi, tras una serie de declaraciones indagatorias y testimoniales que, según consideró la acusación, aportaron pruebas suficientes para sostener la imputación y mantener detenidos a los sospechosos mientras avanza la investigación.
Los imputados están acusados de abuso sexual con acceso carnal agravado, privación ilegal de la libertad y violación de domicilio, en al menos nueve hechos. La fiscal sostuvo que la prisión preventiva resulta necesaria tanto para asegurar el proceso judicial como para resguardar a las víctimas.
Durante la última semana declararon docentes, estudiantes, amigas y compañeras de militancia de las denunciantes, la expareja de una de ellas y una funcionaria municipal, lo que permitió ampliar el cuadro probatorio. Ahora el magistrado deberá convocar a una audiencia presencial con las partes, prevista para los próximos días, tras la cual definirá si ratifica la prisión preventiva.
La causa se originó a partir de denuncias presentadas por cuatro mujeres, dos de ellas en 2019 y otras dos en 2025. Los acusados eran dirigentes de una agrupación política kirchnerista y se desempeñaban como empleados de planta permanente en la Legislatura bonaerense. Según las denuncias, utilizaban su posición de poder y promesas de oportunidades laborales o educativas para captar a jóvenes, a quienes luego sometían a un sistema de manipulación psicológica y sexual.
Las víctimas relataron que los abusos ocurrieron en domicilios particulares, departamentos, oficinas del Senado e incluso en contextos vinculados a la militancia política. En algunos casos, señalaron que una de las imputadas facilitaba el acceso del otro acusado a las jóvenes, presenciaba los episodios o participaba activamente en la dinámica de sometimiento. En resoluciones previas, el juez Masi había señalado que las víctimas eran encerradas para impedir que escaparan y que, tras los abusos, eran perseguidas.
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