Revelan irregularidades con subsidios a mapuches

Dos recientes auditorías de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que se conocieron ayer revelan la presencia de irregularidades en el otorgamiento de subsidios a comunidades mapuches, entre ellas a integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

Según indica el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj, durante los 12 años de gobiernos kirchneristas se giraron a estas organizaciones 1.200 millones de pesos, entregados a través del Programa de Fortalecimiento Comunitario, para el asesoramiento jurídico en litigios que estas organizaciones tienen con el Estado por el reclamo de tierras.

Ese programa fue calificado Avruj como una “obscenidad” y lo dio de baja a través de la Resolución 8/2025, publicada en el Boletín Oficial. El funcionario denunció que los subsidios fueron utilizados “para litigar contra el Estado”. El esquema “se convirtió en una vía de financiamiento para organizaciones que contrataban abogados para reclamar tierras, dijo.

Según trascendió ayer de fuentes judiciales, al menos tres comunidades que recibieron subsidios por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas usurparon tierras en La Patagonia: La Agrupación Mapuche Linares, en Neuquén; Lof Malal Pincheira, en Mendoza y entre otras, Lafken Winkul Mapu en Río Negro.

El mismo estudio indica que estas organizaciones recibieron subsidios por más de seis millones de pesos y tienen conflictos por tierras en Malargüe, donde hay interés por la exploración de hidrocarburos y desarrollo ganadero, además de Vaca Muerta, en Neuquén, dónde hay tierras en disputa en áreas donde operan empresas petroleras, y en la zona de Villa Mascardi, en Río Negro.

Uno de los ejemplos de irregularidades citados en las auditorias se refiere a la aprobación de un convenio en octubre de 2022 por 1.690.000 pesos para la contratación de “Servicio Jurídico”, pero cuando los auditores revisaron la documentación respaldatoria descubrieron que no existían registros de contactos entre técnicos del área y referentes de la organización que permitan evaluar la solicitud realizada”.

Tampoco, en el mismo caso, existen registros de los Informes mensuales con los avances, ni se evidencia comunicación a la comunidad sobre el desembolso de los fondos.

Algo similar ocurrió con el convenio por $1.770.000 también para supuestos servicios jurídicos a la Comunidad Mapuche Lof Che Buenuleo y la Colonia Nahuel Huapi. Más escandaloso resultó el hallazgo de un convenio por 29.210.000 pesos con la asociación Lhaka Honhat, de la que tampoco se hallaron los registros que respalden los convenios realizados para el otorgamiento de subsidios estatales de esas dimensiones.

La auditoría destaca que esta falta de registros y transparencia impide conocer el impacto financiero real de los litigios en curso y tomar decisiones informadas sobre la estrategia legal del INAI.