Polémica en Ramallo por el alquiler de vehículos municipales y la falta de transparencia

En Ramallo, el concejal Sergio Costoya criticó la decisión del gobierno municipal de alquilar vehículos para el traslado de personas, en medio de la discusión por la falta de información sobre el estado financiero del municipio. La polémica surge mientras se desarrollan las negociaciones paritarias y persisten los reclamos por la falta de rendición de cuentas del Ejecutivo, encabezado por el intendente Mauro Poletti.

“El intendente habla de que el municipio adquirió vehículos, haciéndoles creer al vecino que se están comprando móviles, cuando en realidad estos están siendo alquilados. Esos son recursos, que a la larga no le va a quedar ningún vehículo al municipio”, cuestionó Costoya.

El municipio presentó recientemente la incorporación de dos camionetas 0 km, marca Mercedes Benz, valuadas en 75 millones de pesos, que se suman a otras cuatro camionetas y a móviles destinados a seguridad. Sin embargo, no se han detallado los términos de contratación ni la empresa que provee los vehículos en alquiler.

Durante la presentación de las unidades, Poletti explicó el mecanismo de contratación: “Nosotros pagamos un alquiler mensual que ronda los 4,9 millones de pesos y esto nos permite que durante todo el año tengamos vehículos 0 km; y que el año que viene volvamos a tener otro vehículo 0 km; el propietario del vehículo se hace cargo del cambio de aceite, cubiertas, reparación en caso de rotura, lo que nos permite ahorrar costos y no desembolsar 150 millones de una vez”.

A pesar de estas explicaciones, no se ha informado públicamente la duración del contrato, aunque desde algunos sectores del gobierno se indicó que sería por un año, lo que representaría un gasto cercano a los 60 millones de pesos. Desde la oposición advierten que, una vez finalizado el contrato, el municipio no contará con los vehículos, a pesar de la inversión realizada.

Otro punto de cuestionamiento es la falta de información sobre la empresa adjudicataria del contrato. Según denuncian los concejales opositores, se trata de contrataciones directas que no han pasado por el Concejo Deliberante y, por la radicación de las patentes, los vehículos estarían registrados en la provincia de Tucumán.