Críticas por el levantamiento de la cautelar que protegía El Tonelero

La organización ambientalista Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (UPVA) cuestionó la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás, que resolvió levantar la medida cautelar que regía desde 2012 sobre la zona de El Tonelero, en la costa del río Paraná. La medida judicial impedía la radicación de industrias en el humedal, pero quedó sin efecto tras la aprobación del nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial de Ramallo.

La cautelar había sido dictada hace más de una década, luego de que UPVA denunciara la instalación de una cementera en la zona. Desde entonces, regía una medida de no innovar que prohibía nuevos desarrollos industriales hasta que se aprobara el ordenamiento urbano del municipio, lo que finalmente ocurrió en 2024.

Desde la organización ambiental expresaron: “Fuimos notificados que el juez provincial Damián Cebey dictó una sentencia dando de baja la cautelar presentada por nuestros representantes legales en virtud del avasallamiento de normas ambientales nacionales, como la Ley de Bosques, o la Ley Nacional de Ambiente en varios de sus puntos”.

“La argumentación judicial se basa en la arbitrariedad de argumentar que como el Código proviene de un organismo legítimo (el Concejo Deliberante) y fue homologado por la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial, no había nada que objetar a su contenido y debía tener plena vigencia”, agregaron.

Desde UPVA aclararon que no cuestionan la legitimidad de las instituciones que elaboraron el código, sino su contenido. “El Código crea un parque industrial de mil hectáreas sobre la costa norte de Ramallo, incluyendo el sitio histórico del Tonelero, y zonifica como Uso Industrial Exclusivo, áreas protegidas por la mencionada ley de bosques”, denunciaron.

La ONG también advirtió sobre la exclusión de la comunidad en el proceso de planificación. “La falta de contemplación de la voz de los ramallenses no fue tenida en cuenta en ningún momento del proceso de formulación del Código, sino de manera informal y sin repercusiones sobre lo que se terminó zonificando”, señalaron. Además, cuestionaron la ausencia de estudios de impacto ambiental y vial ante el posible aumento del tránsito pesado en la zona costera.

“En los hechos, el Código únicamente atendió las demandas de un puñado de empresarios con alta llegada al poder público y especuladores inmobiliarios, relegando cualquier otro aspecto como desarrollo turístico o urbanización a los intereses de estos”, sostuvieron.

Finalmente, desde UPVA aseguraron que continuarán con sus reclamos: “En lo social y legal la lucha pasa a una nueva etapa y no se detendrá hasta que se cumplan con la protección y las garantías de los sitios de importancia ambiental amparados por la ley”.