Ajuste en discapacidad: unos 17 mil platenses alcanzados

El reclamo por el recorte de servicios en educación, salud, rehabilitación y pensiones no contributivas para personas con discapacidad también tiene su correlato en la Región, donde crecen las quejas por la emergencia que atraviesa el sector, a causa de las medidas del Gobierno Nacional.

Según la Dirección de Acceso e Inclusión en Salud provincial, la Ciudad tiene actualmente 16.890 personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), a través del cual acceden a distintas prestaciones y servicios, que ante el ajuste se ven afectados.

El 43 por ciento no cuenta con una prepaga u obra social, por lo que en muchos casos dependen de la que le daba el Gobierno Nacional, tanto en los pagos de prestaciones por terapias, consultas médicas o una pensión.

La situación agrava un cuadro que se pinta con otro dato: La mayor parte de los discapacitados ni siquiera contaba con ese certificado.

Débora Barani de la Red Padres y Familias TEA de La Plata, Berisso y Ensenada, organización no gubernamental a través de la cual se busca visibilizar la problemática que sufren las personas con autismo, indicó que “en la Ciudad estamos viendo un impacto directo de las medidas del gobierno, con consecuencias concretas que se agravan día a día”.

Entre los principales recortes y dificultades está la limitación de obras sociales y prepagas en la prestación de servicios; la suspensión en el transporte hacia escuelas especiales y centros de día; la disminución de sesiones de terapia y rehabilitación debido a la falta de pago a profesionales y recortes en la cobertura. También la supresión de servicios en los centros de atención y la falta de acompañantes terapéuticos en el ámbito educativo, afectando la permanencia en el sistema.

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Karina es mamá de un nene con autismo y con un retraso mental severo. El centro de día privado al que asistía cerró porque las obras sociales no estaban al día con los pagos. “Por este motivo tuve que renunciar a mi trabajo, porque no tenía con quien dejar a mi hijo”, contó.

La situación repercute en los prestadores de servicios en discapacidad por la falta de pago y de aumento en los aranceles fijados en el Nomenclador de Prestaciones Básicas. “Las obras sociales no pagan. En lo que va del año cobramos las prestaciones de diciembre nada más”, aseguró Jorge Avelleir, psicólogo con una especialización en neurodesarrollo.

Además, el profesional, que colabora con la Red de Padres y Familias TEA, planteó que “el estudio ADOS-2 que se utiliza para diagnosticar el trastorno del espectro autista, las obras sociales no lo cubren y en los hospitales tampoco. Es irracional porque es obligatorio para solicitar el CUD. El Estado pide algo que no brinda”, cuestionó.

Entre las principales consignas, también se reclama por la quita de Pensiones No Contributivas, que no sólo está sucediendo a nivel nacional. “También están controlando y se están sacando a nivel provincial”, contó Julián Vázquez, integrante de Asociación Azul por la Vida Independiente de las Personas con Discapacidad.