Lazos narcos y la trama rosarina en la causa del fentanilo mortal

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, citó al jefe comunal de esa ciudad, Pablo Javkin, para que declare como querellante

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La causa por el fentanilo adulterado dio un giro inesperado: la Justicia federal de La Plata citó a declarar como querellante al intendente de Rosario, Pablo Javkin, tras sus explosivas declaraciones sobre posibles conexiones narco con los laboratorios investigados. El jefe comunal de esa ciudad santafesina había denunciado públicamente la existencia de presuntos vínculos entre los propietarios de HLB Pharma y Ramallo S.A. -empresas bajo investigación por la adulteración del opioide- y el narcotráfico. “Debemos saber si hubo desvíos al mercado ilegal y, además, hay vínculos entre los laboratorios y algunos personajes ligados al narcotráfico”, sostuvo.

A raíz de esas afirmaciones, del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, resolvió citarlo para que brinde declaración testimonial. “En razón a sus dichos, el juzgado resolvió citarlo para prestar declaración, a fin de que aporte todos los elementos a su alcance que puedan contribuir a la investigación en curso”, señala el escrito judicial. La presencia de Javkin en la causa se formalizará con su incorporación como querellante, una figura que le permitirá participar activamente del proceso judicial. El propio intendente confirmó que la Municipalidad se presentará como parte en el expediente.

Javkin también recordó otro episodio vinculado: la explosión del laboratorio Apolo en el barrio Tablada, ocurrida en 2016, y que dejó cinco personas heridas. “Fueron absueltos y como pena fueron a limpiar el museo del PJ en San Nicolás”, ironizó.

El caso tomó especial relevancia en Rosario, ciudad golpeada por la violencia narco y en la que, según denunció Javkin, el fentanilo adulterado llegó a ser administrado a pacientes en terapia intensiva en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

En el escrito presentado ante la Justicia, el municipio de dicha ciudad sostiene que el caso provocó “un grave daño a la salud pública” y expone la afectación directa sufrida por el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde se utilizaron ampollas de fentanilo adulterado. Además del perjuicio a la salud, señala que se generaron riesgos sanatoriales locales y se afectó el patrimonio municipal, lo que motivó medidas extraordinarias para retirar y custodiar los lotes contaminados.

El texto detalla vinculación de directivos de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma con antecedentes judiciales previos. Entre ellos, Ariel García Furfaro, Jorge Salinas, Damián García, Marcela Vozza, Jorge Gómez y Marcelo Ferré estuvieron implicados en la explosión del laboratorio Apolo en Rosario, en 2016, por la que fueron imputados por estrago culposo agravado y lesiones graves pero evitaron el juicio penal a través de salidas alternativas. El escrito también indica que Jorge Salinas fue investigado en la causa de la efedrina por su vínculo con Mario Segovia (“el Rey de la Efedrina”) -defendido en esa causa por el propio Ariel García Furfaro-.

Ahora el juez Kreplak debe resolver la aceptación de Rosario como parte querellante, mientras otras partes como la provincia de Santa Fe, el Hospital Italiano de La Plata (en donde presuntamente murieron 15 de las 52 víctimas fatales por el fentanilo) y el Ministerio de Salud Nacional a cargo de Mario Lugones también participan en el expediente. Por el momento, la formalización del pedido de la provincia no se incorporó al juzgado, pero sí la de Rosario.

Pablo Javkin remarcó la gravedad del caso, advirtiendo que el fentanilo adulterado se aplicó a enfermos internados en terapia intensiva en el HECA, y sentenció: “No vamos a tolerar a ningún grupo mafioso actuando en el marco de la ciudad de Rosario”.

 

 

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